En el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Cámara Alta con el fin de aprobar la reforma laboral en abril de 2000, los jueces darán a conocer la sentencia. Entre los acusados está el ex presidente.
El Tribunal Oral Federal 3 dictaminará si el hecho existió y los acusados son o no responsables del delito de cohecho por el que están siendo juzgados. La sentencia será en los tribunales de Comodoro Py 2002 en horas de la tarde, ya que por la mañana aún resta escuchar las últimas palabras de los ex senadores Remo Costanzo y Ricardo Branda.
El ex presidente está siendo juzgado junto al ex titular de la SIDE Fernando de Santibañez, los ex senadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, conocido como el "arrepentido".
La investigación dio un giro cuando Pontaquarto, a fines de 2003 confesó haber entregado cinco millones de pesos/dólares a los senadores para que aprobaran la ley en abril de 2000, y aseguró que ese dinero salió de la SIDE.
Los tribunales de Comodoro Py se convulsionaron cuando Pontaquarto confesó que había actuado como "valijero" del pago de coimas y que había retirado el dinero de la SIDE después de una reunión en Casa de Gobierno donde De la Rúa autorizó la transacción, versión que ratificó una y otra vez ante la Justicia.
También está siendo enjuiciado el ex ministro de Trabajo de la Alianza, Mario Alberto Flamarique, pero en su caso tanto la fiscalía como la querella pidieron la absolución en sus alegatos.
Días atrás, el ex presidente pidió su absolución y la reparación del daño moral que le causaron al negar categóricamente la existencia del pago de sobornos.
La fiscal Sabrina Namer pidió seis años de prisión para De la Rúa, mientras que la querellante Oficina Anticorrupción requirió que sea condenado a seis años y seis meses de prisión, ambos por los delitos de peculado y cohecho activo agravado.
Durante la tramitación del juicio, surgieron en varias oportunidades los rumores de pasillo sobre la posible absolución de los acusados basada en supuestas irregularidades y nulidades de la investigación en la etapa de instrucción.
Los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez tendrán este lunes la última palabra.
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