La jueza de control, Florencia Maza, le había impuesto 10 días de prisión preventiva a Cornejo y a Lucero y nueve a Gil por entender que podrían entorpecer la investigación preliminar. Ese plazo vencía hoy, pero en una audiencia presidida ayer por la jueza María Mónica Rivero, se dispuso adelantar sus liberaciones en 24 horas. La resolución fue avalada por Ongaro, quien anteriormente había pedido que permanecieran detenidos.

Gil trabaja en una coordinación del Ministerio de Bienestar Social. Cornejo y Lucero no son empleados públicos, sino sus cuñados. Los tres están imputado de los delitos de hurto simple y adulteración y uso de documento privado y estafa porque falsificando firmas en 50 órdenes de provisión de la Subsecretaría de Política Social habrían estafado a varios comerciantes.

Lo que comprobaron fue recuperado por la policía e incluso algunas cosas fueron entregadas espontáneamente por los sospechosos. Lo que queda por investigar es la culpabilidad o no de ellos. Gil, días atrás, desvinculó a sus parientes y admitió que compró artículos del hogar, maderas, chapas e hierros con esas órdenes, pero que él no las robó sino que las encontró tiradas en una esquina.