Proyecto de centro cívico, propuesta de desmanicomialización, lavada de cara y política de externación son algunas de las facetas, las más visibles, de los neuropsiquiátricos más importantes del país, nucleados en la Ciudad de Buenos Aires: Carolina Tobar García, dedicado a la atención infanto-juvenil, José Tiburcio Borda, orientado a los varones adultos, y Braulio Aurelio Moyano, destinado a las mujeres, todos reunidos, junto al hospital Rawson, en unas cuatro hectáreas de Barracas, en Ramón Carrillo y Brandsen. Ahora bien, ¿cuál es el estado de situación de estos nosocomios? Tamaña inquietud no es otra cosa más que la pregunta por el estado actual de la salud mental porteña.

En lo que respecta al Tobar García, la situación dista de ser lo que fue hace unos años atrás, al menos en lo que a infraestructura refiere. Concluidas las obras de refuncionalización integral y de ampliación del edificio torre en septiembre de 2012, después de más de seis años –¡sí, seis años!–, el establecimiento parece seguir sosteniéndose, en gran parte, con el esfuerzo de los trabajadores, médicos y enfermeros.

A principios de septiembre de 2012, en días en que Jorge Lemus renunciaba a la dirección de la cartera de Salud –a raíz de la polémica suscitada tras la redacción de un protocolo para casos de abortos no punibles– para ser reemplazado por la médica oftalmóloga Graciela Reybaud, exdirectora del hospital Santa Lucía y primera mujer en el puesto, en esos días, justamente, se dieron por concluidas las obras de remodelación del subsuelo del Tobar García, donde funcionan el archivo del hospital y el servicio de nutrición, y de la planta baja, en donde operan la guardia, la sala de espera y el sector de informes.

Además, las instalaciones del primero al sexto piso fueron refaccionadas, en cuyos espacios se distribuyen los consultorios externos (sumamente importantes para la atención que brindan los profesionales del Tobar García, ya que es muy bajo el porcentaje de chicos que permanecen internados por largo tiempo), servicios sociales, sector administrativo, la dirección, el área de docencia e investigación, el laboratorio y el sector de informática. Eso, sumado al aula magna con forma de anfiteatro, hace un total de 9.000 metros cuadrados trabajados a partir de un presupuesto de 28 millones de pesos.

Ahora bien, desde abril de 2006 se preveía que la obra concluyese a fines del año posterior, es decir, que se prolongara por un año y medio. Pero los trabajos de los que ya se hablaba durante el gobierno de Aníbal Ibarra y se adjudicaron en tiempos de Jorge Telerman –con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo– finalizaron entrado el segundo mandato de Mauricio Macri en el Ejecutivo porteño. Toda una metáfora de la falta de planificación. Fueron los trabajadores del hospital quienes a reclamo limpio, reclamo mediático, expusieron la letanía, la de siempre. Llegaron, incluso, a la Justicia. Eduardo Diego Friedman, jefe de la sección Psiquiatría y Psicofarmacología de la institución, había declarado en su momento: “El día en que los temas de salud, educación y acción social tengan prioridad como políticas de Estado, independientemente de quién gobierne, vamos a estar en una sociedad más adulta y de mejor calidad”. Por lo demás, la cotidianidad actúa por manual: faltan recursos, sobran esfuerzos.

Si hablamos de metáforas, el hospital Borda, ubicado en Ramón Carrillo 375, es una figura que representa la desaprensión y desprolijidad en partes iguales. ¿Quién puede olvidar, acaso, la brutal represión del 26 de abril del año pasado? La madrugada de aquel día aclaró con la demolición del Taller Protegido 19, donde varios pacientes se dedicaban a armar muebles, tratando de llevar adelante, junto a la compañía de manos profesionales, su propia resocialización, esa deuda tan característica de las instituciones disciplinarias. Trabajadores y pacientes resistieron como pudieron los golpes de la Policía Metropolitana, que castigó duro, incluso, a periodistas y legisladores. Resistieron como pudieron: hubo más de 50 heridos de balas de goma.

Lo que sobrevino a ese episodio –uno más en la historia promovida por el gobierno de Macri de emplazar allí y en la hectáreas que atañen al resto de los neuropsiquiátricos porteños el centro cívico de la Ciudad (un enclave de todas las dependencias gubernamentales locales)– fue un festival de los trabajadores y pacientes, para darse más visibilidad aún; la reconstrucción, entre chapas y maderas, del taller protegido, y la ineludible batalla judicial: varios funcionarios Pro investigados por la Justicia, desde Mauricio Macri hasta el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, sindicado como el instigador de la paliza del 26 de abril, y una medida cautelar, confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que bloquea cualquier avance de obra en el lugar, en el sentido del centro cívico.

Así las cosas, en el hospital Borda solo queda lugar para la lavada de cara, color té con leche, marco de los aproximadamente 600 hombres que se tratan allí, 600 de los cerca de dos mil que el hospital supo contener: la política de externación macrista hizo lo suyo en la reducción del número. Externación que no se condice con la voluntad de algunos profesionales, como Alberto Sava, del Frente de Artistas del Borda, de llevar adelante un proceso de desmanicomialización. La diferencia radica en la concepción del paciente: de objeto que, en el mejor de los casos, va a buscar sus remedios al hospital una vez en la calle –a veces, en la calle literalmente– a sujeto que goza plenamente de todos sus derechos, mediante una reforma radical de la salud mental que contemple la abolición de los llamados manicomios, la instauración de la modalidad de internaciones breves –a las que se apela, desde esta perspectiva, como último recurso– y la puesta en marcha de múltiples dispositivos de integración, por ejemplo, la resocialización efectiva por medio de la inserción o reinserción laboral. A todas luces, para esto faltan años luz.

El hospital Moyano, casi al frente del Borda, también tuvo su lavada de cara hace un tiempo, en algunos pabellones. En otros, sin embargo, todavía puede verse la ropa de cama vieja, desgastada, casi tanto como sus paredes. A pocas pacientes les gusta la comida y muchas guardan sus pocas pertenencias, entre ellas, algún magro subsidio o pensión, bajo siete llaves: los robos son habituales. Todavía Silvina Vázquez, la menor de las hermanas satánicas que asesinaron en marzo de 2000, en Saavedra, a su padre, Juan Carlos, un ferretero de 50 años, sigue yendo a buscar medicación como parte de su tratamiento ambulatorio.

Allí, lejos de lo que pueda mostrar alguna pared, las cosas no son color de rosa. Hoy los médicos y enfermeros se encuentran denunciando una maniobra de vaciamiento y despido masivo encubierto por parte del Gobierno porteño. Y el hecho no es novedad. El año pasado, precisamente, los trabajadores del Moyano alertaron sobre un hecho, cuanto menos, insólito: que para la atención de mil pacientes solo se contaba con los servicios de 25 psicólogos. “Esto claramente muestra la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que poco le importa la salud pública”, manifestaba entonces Carlos Paz, médico psiquiatra de la guardia. Además, los trabajadores expresaron que de las 600 guardias que tenía el Moyano, solo quedaron 250, es decir, menos de la mitad, para una población tan sensible. Sucede que, según el propio Paz, “los cargos que van quedando vacantes por jubilaciones o decesos no se vuelven a recuperar, solo se cubren algunos y de forma precaria, con contratos temporarios”. Situación idéntica sigue atravesando la enfermería.

A su vez, la psicóloga Bertha Fellman contó que en una oportunidad los trabajadores tuvieron “que poner 600 pesos del propio bolsillo para contratar a un acompañante terapéutico y una ambulancia para poder trasladar a las pacientes”. Pero las dificultades no se agotan en esos asuntos. Tránsito Fernández, trabajadora del hospital, contó otro de los problemas que sufre el neuropsiquiátrico: la falta de seguridad en materia de infraestructura.

Desde su trabajo en la lavandería, Fernández, delegada del sector, comentó que “el día que se prendió fuego una máquina lavadora no funcionó la alarma ni el sistema de agua que debe activarse para dominar el incendio. Los enfermeros tuvieron que hacer de bomberos hasta que los bomberos llegaron, porque acá no funcionó nada”. Y Mario Muñoz, trabajador de mantenimiento del hospital y delegado de ATE, afirmó: “El sistema no funcionó porque no está conectado a la red de agua, tan simple como eso”.

“Los consultorios externos –añadió– no tienen ningún tipo de calefacción por falta de suministro. El gas falta hace cinco años en el sector, y para solucionarlo, según la empresa concesionaria, hay que realizar tareas estructurales.” Por último, se preguntó: “¿Por qué no usar para los consultorios el edificio vacío que tiene gas? Esa y otras preguntas se contestan con una sola respuesta: ‘No hay interés’”.