Y un día los tribunales de Comodoro Py se quedaron con todas las causas de espionaje que tramitaron en Dolores desde hace tres años. El juez Martín Bava envió este martes la investigación que tiene a Mauricio Macri procesado por haber ordenado el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y la que reconstruyó cómo la provincia de Buenos Aires se llenó de bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Bava remitió las dos causas a su colega Julián Ercolini, quien ya se había quedado semanas atrás con la investigación sobre las andanzas del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. Esa fue la primera causa que el 22 de diciembre pasado la Sala II de la Cámara Federal de Casación –con los votos de Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo– decidió sacarle a Bava. Ese expediente se había iniciado en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli querían extorsionarlo para no involucrarlo en la causa de los cuadernos.

La decisión de Casación fue la que funcionó como boomerang para que las tres causas de Dolores fueran a Comodoro Py. De hecho, el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi también le reclamó a Bava que enviara las investigaciones. Tanto Macri como el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas habían pedido con insistencia el paso de los expedientes a los tribunales de Retiro, un territorio más amigable para sus influencias. Bava, además, explicó que él creía que todos los expedientes deben tramitar de forma conjunta.

Desde el 27 de diciembre pasado, la causa de D’Alessio pasó por las manos de cuatro jueces de Comodoro Py que buscaron no quedarse con la papa caliente. Primero, el expediente fue al juzgado de María Eugenia Capuchetti; después al de Ariel Lijo; volvió al de Capuchetti y ella se lo mandó a Ercolini porque él tuvo una denuncia con la que Stornelli buscó replicar la investigación de Dolores para neutralizarla desde Comodoro Py. Ercolini tampoco quiso aceptar la causa y se la devolvió a Marcelo Martínez de Giorgi –que subrogaba a Capuchetti–. El asunto lo zanjó el camarista Pablo Bertuzzi que dejó la investigación en manos de Ercolini.

Bava deslizó que aún no pudieron combinar con el juzgado cómo hacer entrega de la prueba que hay en el expediente.

Todo a Comodoro Py

En Dolores, primero de la mano de Ramos Padilla y luego de la de Bava, tramitaron tres causas sobre el espionaje durante el gobierno de Cambiemos:

• El D’Alessiogate: Allí se indagó en los vínculos del falso abogado con la AFI, el Ministerio de Seguridad, los medios de comunicación y el Ministerio Público Fiscal tanto a través de Carlos Stornelli como del fiscal provincial Juan Ignacio Bidone. Ese expediente tiene a trece personas procesadas. Esa causa está desde hace algunas semanas en el juzgado de Ercolini.
• Proyecto AMBA: Entre 2016 y 2017, la AFI desembarcó en la provincia de Buenos Aires. A las tres bases que históricamente había tenido en el territorio bonaerense, se le sumaron otras seis nuevas que se crearon bajo el pretexto de servir a la investigación de los delitos complejos. Sin embargo, fueron usadas para el espionaje político. La exSIDE tuvo en ese período 87 agentes caminando la provincia. En esa causa, hay 27 procesados.
• ARA San Juan: Entre 2017 y 2018, la AFI espió a los familiares de los 44 tripulantes del submarino que se había hundido. Por estos hechos, Bava procesó a Macri y a otros once imputados, entre los que se cuentan a Arribas, Silvia Majdalani, los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler y el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez. La querella de familiares de los submarinistas que encabeza Valeria Carreras ya anunció que apelará la decisión y buscará llevar la causa a Caleta Olivia, donde se investiga el hundimiento.

Con esta decisión, la única causa por el espionaje durante el macrismo que aún tramita fuera de Comodoro Py es la que indaga en la llamada “Gestapo” antisindical que se reunía en el Banco Provincia para armar causas contra sindicalistas. Ese expediente está en manos del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a quien Bava le mandó este martes información acerca de cómo se persiguió a la UOCRA platense desde las bases del llamado Proyecto AMBA.