Cuando digo que nuestra sociedad es espasmódica, creo haber encontrado el término justo para definir esta suerte de acción-reacción a estímulos sociales donde los argentinos nos encendemos, nos golpeamos el pecho, gritamos nuestras broncas y a los tres días nos olvidamos de todo hasta la próxima desgracia.

Es recurrente y triste. Podemos culpar a la inmediatez y a la dinámica de la información, la cual actúa como fenómeno de sustitución que hace variar permanentemente el interés de la opinión pública, pero lo más grave es cuando esa actitud espasmódica inunda la clase política. Cada vez que ocurre un hecho resonante, diputados, legisladores o funcionarios de gobierno, salen desesperados a dar muestras de la preocupación que no mostraron hasta diez minutos antes.

Hace dos días el delincuente común de su marido mató a Romina Barría, una joven mujer muy querida en esta ciudad, a quien hoy le dan sepultura. La apuñaló en el corazón, la degolló y luego de dejarla en la cama, incendió la casa, la quemó, huyó con su hijita de 5 años y fue apresado en cercanías de Cdte Luis Piedrabuena, gracias a la movilidad social que por las redes plasmaron hasta el cansancio los datos del criminal, su foto, su auto y la fotografía de la niña.

Nadie, hasta ahora, ni siquiera los diputados que tan rápidamente salieron a hablar para la foto de los medios amigos, indagaron en el cómo ni en el por qué. No se preocuparon por saber cómo este delincuente estaba suelto, cómo pasó con una niña de 5 años (aún siendo su hija) solo, por el puesto caminero de Güer Aike (a 28 kms de Río Gallegos) y solo la casualidad hizo que esta bestia no escapara de la provincia poniendo en peligro la vida de la nena, también.

Sobre lo fundamental nadie da explicación ni busca respuesta y mucho menos, acciona en este sentido para que los jueces no puedan dejar libre a los asesinos, para que los golpeadores y potenciales criminales no anden caminando entre la gente de bien y para que nadie de la justicia se pueda disculpar, dejando a tipos como este en la calle, alegando que las leyes no prevén otros recursos y no se quieren exponer a un Jury por actuar en contra de los “derechos humanos” o el “Pacto de San José de Costa Rica”, por ejemplo. Esto es tarea legislativa y judicial. De esto, nadie habla.

“Ahora nosotros”

Ya sea para salvar las pilchas, para aprovechar la coyuntura y ganar diez minutos en los medios o movidos por la obligación de decir algo, después de hacer poco, los diputados generaron una movida para informar a la opinión pública “que se están encargando del tema”. Rápidamente le dictaron a un par de diarios amigos, de esos que en la Redacción tienen amigos del “copy paste”, para que insertaran una nota donde dejara a la legislatura provincial como de “rápidos reflejos” y comenzaron las sandeces propia de los inútiles argumentos que tratan de maquillar de nuevos, viejos esperpentos legislativos, algunos de los cuales no saben para qué están allí o sí saben, pero no lo confiesan.

Entre tanta información farragosa, llena de números, fechas y títulos largos, descubrimos que desde hace más de un mes andan dando vuelta algunos proyectos para adherir a leyes nacionales, que hasta ahora seguían dando vuelta en los cajones y en las Comisiones que tienen cosas mejor que hacer y de qué ocuparse.

Por ejemplo, los diputados provinciales decidieron adherir rápidamente a la Ley Nacional 27.234, “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, que pretende iniciar a alumnos de primaria y secundaria en actitudes saberes, valores y prácticas que contribuyan a erradicar la violencia de género.

Tal vez la ley, su propósito, el contenido y el objetivo sean loable, pero los diputados se han transformado en declamadores y se alejaaron de la práctica objetiva y la solución de los problemas en tiempo real. Esto es un claro ejemplo.

La ley nacional a la que ahora pretenden adherir y seguramente antes no lo hicieron por razones de mezquindad políticas/partidarias, es parte de un proceso profundo y a largo plazo; necesario, pero entonces la pregunta sería ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿O antes del 5 de octubre de 2016 no se visibilizaba el fenómeno del femicidio? ¿O es que no les importaba nada y ahora lo revolean a la opinión pública para figurar y darse por enterados?. En tanto, los responsables de buscarle una salida políticamente justa y rápida a esta situación, miran un horizonte que está todavía muy lejos, pero en el “hoy y ahora”, no hacen ni han hecho nada.

En esta instancia aparecieron las luminarias que se juntan sonrientes para ir en la foto y con ese propósito, la Cámara de Diputados informó más rápido que urgente la iniciativa que han tenido el diputado Oscar Lemes, con Claudio García, Víctor Álvarez y Jorge Arabel, quienes informan que Santa Cruz está adherida mediante Ley Provincial 3201 a la Ley Nacional 26485 por la cual se establece la “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales y también por Ley Provincial Nº 3298 a la Ley Nacional Nº 26743 de “Identidad de Género”. La pregunta sería : ¿Si? ¿Y?

Como se ve, mucho título, artículos y buenas intenciones, pero Santa Cruz está segunda sino primera en el ranking de provincias con mayor cantidad de femicidios y maltrato de niños, teniendo en cuenta su escasa población, fenómeno que no es de ahora ni de un año atrás; se remonta a más de 10 años. La pregunta entonces es ¿Dónde estaban estos genios leguleyos, algunos de los cuales la vienen remando con la dieta parlamentaria desde hace mucho tiempo en Santa Cruz?.

“Cháchara”

Los diputados manejan bien la teoría pero están alejados de la práctica, lo que en buen romance con el dicho popular, sería: tienen la partitura pero no saben nada de música.

El proyecto de estos legisladores, que no voy a transcribir aquí por su extensión y poca practicidad, está inundado de buenas intenciones, títulos largos y nos describen una situación ideal, pero no se plantean ni por asomo cómo van a hacer para llegar a eso, en qué tiempo y mediante qué mecanismos, en tanto en Santa Cruz siguen muriendo las familias a raíz de los dramas intrafamiliares, porque no hay detección, ni prevención, ni acción de los organismos encargados de ocuparse (no preocuparse como ellos) de temas que a los largo del año, dejan decenas de familias destruidas y niños en hogares sustitutos.

Hay otro proyecto como es el de un grupo de diputados de la oposición, encabezados por Roxana Reyes que apunta a modificar la competencia actual del Juzgado del menor, transformarlos en Juzgado de Familia, ampliar su ámbito de competencia y quitarle a los jueces los argumentos de que “no pueden actuar” por cuestiones jurisdiccionales o falta de capacidad operativa. No es todo, ciertamente, pero al menos constituye algo que si hay voluntad política y de gobierno, se puede hacer ya y dotar de herramientas mínimas a un Estado absolutamente ausente de esta problemática.

“Los juzgados de Familia se ocupan de los casos de violencia doméstica y hoy están trabajando al límite de su capacidad, debido a la crítica situación social que atravesamos”, dijo Reyes en un medio local “el Juzgado del Menor, estadísticamente, está sin competencias, sin causas y con una gran estructura presupuestaria y de personal. Por eso creemos que es necesario cuanto antes y ante la emergencia determinar el urgente cambio”.

Digamos que al menos, este tipo de iniciativas tiene una aplicación práctica e inmediatamente se puede instrumentar si el gobierno provincial al cual pertenecen los diputados mencionados al inicio, quisieran, podrían instrumentarlo en tiempo récord, pero claro… es la política la que prevalece en esta decisiones, no la necesidad de la gente.

Es el Estado y debieran ser estos diputados, los que hoy en vez de reaccionar espasmódicamente ante la muerte dolorosa de una mujer, que genera repudio en la sociedad y los empiezan a mirar de costado, activen hoy mismo los controles, les den herramientas a los organismos y a los jueces, exijan el cumplimiento de las leyes, denuncien a los funcionarios que no cumplan con su obligación y se ocupen de lo que no hacen: trabajar por y para la gente; nada menos que: representar a los ciudadanos por quienes están ahí.

Romina Barría (como tantas otras) fue una mujer que votó, eligió y confió que algunos de sus “representantes”, hicieran lo posible para cuidarla. Seguramente cuando fue a denunciar el acoso y el maltrato de la bestia de su marido, lo hizo pensando que iba a recibir respuesta de un Estado confiable. Se equivocó y se murió. Hoy ya es tapa de los diarios, mañana solo la recordarán sus allegados y amigos. La vida continuará y los diputados que hoy aparecen en la foto, mañana seguirán en sus roscas políticas y se olvidarán de ella hasta el próximo femicidio. Es triste, pero real.

Comisaría de la mujer, Secretaría de la Mujer, Juzgados del Menor, Juzgados de la familia, jueces, fiscales, policía etc etc, parecen ser estructuras obsoletas, inertes, incapaces, sobrepasadas, burocratizadas, inservibles para detener estas muertes y hacer algo por la vida. No sirven en su conjunto, porque no pueden detener el fenómeno. Los que deben generar leyes, organizar estrategias y allanar caminos para agilizar el sistema judicial y policial, duermen en Teófilo de Loqui. No hay políticas públicas en este sentido, no existe el conocimiento y la sensibilidad para aplicar remedios en la coyuntura y estrategias en el corto y mediano plazo. Esto es el Estado en su conjunto. Estos diputados, también son parte del Estado, aunque ellos no lo crean.