Según informó la dirección de Prensa de la Legislatura, la Comisión tendrá tiempo hasta hoy a las 15 para recibir los dictámenes parciales de los 17 legisladores miembros del cuerpo investigador.

En ese marco, se explicó que "podrán existir tantas recomendaciones o conclusiones como legisladores que integran la Comisión" y aclaró que "ninguno de sus miembros podrá abstenerse" de emitir sus dictámenes. Entre las recomendaciones puede estar el inicio de un juicio político a Macri.

Posteriormente, se deberá elevar un "informe único final" con los dictámenes incluidos al Ejecutivo y al presidente de la Legislatura, el macrista Oscar Moscariello, quien debe convocar a una sesión para el jueves, posiblemente, para darle tratamiento, de acuerdo al reglamento interno del Parlamento capitalino.

De esta manera, quedará concluida la tarea de la Comisión que comandó el diputado Martín Hourest. El saldo arrojó 33 reuniones, las cuales fueron de carácter público y abiertas a los medios de comunicación, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que rige su funcionamiento, y más de 150 convocados a declarar, de los que se estima se presentó menos de la mitad.

Según consta en el texto que le dio vigencia a esta Comisión, su misión era "investigar la responsabilidad que les pueda caber al jefe de Gobierno, ministros y demás funcionarios del Gobierno de la Ciudad sobre todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento", lo que no otorgaba exclusividad al caso de las pinchaduras.

También aludía a "los hechos investigados en la causa judicial caratulada `James, Ciro Gerardo y otros sobre escuchas ilegales y otros delitos´ que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, y hechos ´que fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la Ciudad de Buenos Aires´".

Por esa causa, el espía James y el ex jefe de la PM están tras las rejas y Macri con un procesamiento firme en su contra. A los tres se los acusa de integrar una asociación ilícita para intervenir teléfono