A pesar de que existen indicios de que el bloque justicialista, en la Sala Juzgadora, votaría a favor de que el funcionario continúe en el cargo; los tres diputados vernistas que integran la Sala Acusadora mantendrán la acusación y pedirán que sea destituido. Ese alegato estará a cargo de Patricia Lavín (PJ), presidenta del cuerpo. Tanto ella como los otros cinco integrantes de la Sala (los justicialistas Marina Cahais y Alfredo Schanton, los radicales Carlos Bruno y Lidia Dupeoru y la tiernista Sandra Fonseca) han coincidido en esa postura.

El único interrogante es saber si habrá una acusación única o si habrá tres, una por cada uno de los bloques (Partido Justicialista, Frepam y Comunidad Organizada). La decisión de mantener la acusación quedó ratificada en contactos que hubo en las últimas horas entre los seis legisladores. La defensa de Bongianino, ejercida por el abogado Francisco Marull, en cambio, alegará para que siga al frente del Ministerio Público Fiscal.

Después de la jornada de hoy, la Sala Juzgadora posiblemente vuelva a reunirse el próximo jueves para la votación final. Para que el procurador sea destituido se necesitan los votos de dos tercios del cuerpo, que está conformado por 24 diputados (13 del PJ, nueve vernistas, dos marinistas y dos camporistas; ocho del Frepam, dos de Pueblo Nuevo y uno del PRO). También se requiere de ese mínimo para que eventualmente sea inhabilitado para ocupar cargos públicos y mayoría simple para fijarle un tiempo de inhabilitación.

Los cargos por los que Bongianino fue acusado originalmente fueron los siguientes:

* No haber velado por un adecuado funcionamiento del MPF respecto de lo actuado en el caso.* No haber vigilado apropiadamente la sustanciación de la causa judicial abierta por la desaparición de Sofía.* No haber planificado (en general) el desarrollo de investigaciones conducentes a esclarecer la desaparición de personas, elaborando un manual o protocolo de procedimientos, cuya ulterior observancia al ocurrir el caso Sofía hubiera constituido una guía segura para optimizar el trabajo de funcionarios judiciales y policiales.* No haber coordinado con instituciones públicas y privadas la realización de la investigación del caso.* No haber impartido instrucciones a sus funcionarios y empleados dependientes -escritas o verbales- para cumplir con eficacia los deberes a cargo del Ministerio Público, tendientes a lograr la unidad de acción del organismo.* No haber supervisado la tarea de los miembros del Ministerio Público ni practicado visitas de inspección a General Pico para vigilar el progreso y desarrollo de la investigación en curso.* No haber establecido la "unidad de acción" -que le impone personalmente el artículo 86 de la Ley Orgánica- en los fiscales de la II circunscripción judicial en orden a desarrollar la búsqueda de la niña desaparecida.* No haber aplicado ni solicitado medidas disciplinarias a funcionarios y empleados del Ministerio Público involucrados en desempeños ineficientes en la investigación.* No haber creado una unidad especializada en la investigación de un delito complejo, pese a que por las características intrínsecas del asunto era razonable proceder así.* No haber supervisado apropiadamente la tarea de la policía en función judicial.* No haber designado a un fiscal cooperante para intervenir en la investigación del caso, juntamente con la fiscal designada (Noelia Afonso), habida cuenta de la inexperiencia de ella en asuntos de esclarecimiento complejo.* No haber fijado criterios generales para el ejercicio de la persecución penal que hubieran resultado de utilidad en orden a organizar una investigación rápida y eficaz.