Por RICARDO KIRSCHBAUMEl Gobierno ha decidido tender un cordón sanitario para aislar a Sergio Schoklender de la Fundación de las Madres. La Presidenta ha pedido que Hebe de Bonafini sea protegida. Aníbal Fernández la habría arropado jurídicamente y Felisa Miceli, la ex ministra de Economía, sigue poniendo en orden las cuentas de la Fundación para entregarlas a la Justicia.
Sin embargo, es tal la magnitud de la presunta estafa y del daño a valores simbólicos , como lo son las Madres, que el Gobierno no ha podido poner en cuarentena al escándalo como quisiera.
La estrategia de culpar sólo a Schoklender se derrumba por las convulsiones que en el propio kirchnerismo ha provocado el caso .
Estela de Carlotto, otra de las figuras centrales de la constelación oficialista, fue la que se atrevió a involucrar a Hebe en el caso , al decir que la presidenta de las Madres no podía ignorar las actividades de Schoklender y los suyos. Esto es que sus acciones no eran autónomas . Carlotto no quiere sufrir por errores ajenos. E intenta diferenciarse.
Es cierto que la Justicia debe determinar el grado del delito y sus ramificaciones. Pero no es menos cierto que intentar aplicar aquí la táctica del hijo réprobo, tratando de diluir responsabilidades políticas y de las otras , no parece ser el mejor camino para aplacar el escándalo.
La defensa de los derechos humanos no puede ser de ninguna manera una pantalla para ocultar delitos y obstruir investigaciones . Equiparar la investigación de lo que ha ocurrido con el dinero público en la Fundación con un ataque a las Madres es una torpe maniobra defensiva.






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