El Juzgado Correccional y Contravencional de la ciudad de San Luis a cargo del Juez Marcelo Bustamante otorgó una orden de restricción de acercamiento en favor de la periodista y gremialista del sindicato de Televisión Yamila Fernández, que ella misma había solicitado al Magistrado, luego que un grupo de supuestos damnificados por las operaciones de una cueva financiera que operaba su marido, el ex funcionario Mauricio Muñoz, atacaran con una bomba incendiaria un local que el matrimonio explotaba comercialmente en el centro de la ciudad.

De acuerdo a documentación detallada a la que SanLuis24 accedió en forma exclusiva y reservada por las fuentes, en ese lugar (situado en Ayacucho 1098), Muñoz había montado un centro de operaciones financieras que operó al menos desde el año 2012. Las transacciones básicamente consistían en la toma de dinero a ahorristas informales que recibían suculentos dividendos semanales por el dinero entregado. Los testimonios, obtenidos con reserva de identidad por SanLuis24, indican que en ese lugar se realizaban operaciones cambiarias con divisas extrajeras y de compra y venta de cheques, como así también préstamos a particulares a altas tasas de interés.

El despliegue financiero del ex funcionario habría incluido operaciones inmobiliarias con la compra de propiedades en San Luis, aunque se sospecha que parte del dinero, ahora no devuelto a los perjudicados, podría haber sido utilizado en transacciones fuera de la Provincia también.

Las fuentes a las que accedió SanLuis24 indicaron que además de Muñoz, otras personas que tendrían vinculación con el Gobierno que encabeza Claudio Poggi, aparecían operando a modo de respaldo y garantía no formal, por la entrega de fuertes sumas de dinero por parte de comerciantes y particulares que, por un tiempo, recibieron pagos parciales de los ingentes intereses que se pagaban. Fue hasta el mes de septiembre de este año en que las operaciones colapsaron por la desconfianza que se generó entre los prestamistas, y la “mesa de dinero” se derrumbó.

Las operaciones incluyeron el cambio de cheques oficiales de al menos dos Municipalidades del Interior que pagaban altísimos intereses por el descuento anticipado de cheques oficiales que luego eran recuperados con la emisión de nuevos cheques, emitidos con fecha futura. El trabajo de la “cueva” consistía en interesar a particulares en la compra de esos cheques con descuentos sustanciales para luego recuperar la suma adelantada, el total del monto indicado en el cheque y, en los últimos tiempos, intereses por la demora en el cobro del importe inicial. Así, el monto del globo financiero rondaría los 40 millones de pesos. Algunas operaciones eran garantizadas por pagares en blanco firmados por Muñoz y que, obvio, hoy no tienen ningún valor económico aunque se especule que algunos de los perjudicados pudieran presentarse ante la Justicia con estos documentos.

Otra operación que se realizaba en ese local, que está situado a metros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, consistía en la toma de dinero en efectivo por importantes cantidades contra la promesa de recibir los intereses y el capital en dólares. La tentación por obtener ganancias rápidas, y supuestamente seguras, hizo que algunos de estos ahorristas confiaran dinero no declarado a los organismos fiscales por importantísimas sumas.

A principios del mes de noviembre de este año Muñoz fue agredido físicamente por personas que le reclamaban la devolución de dinero que le habían confiado y que no lograban rescatar. Y unos días después, personas que no fueron identificadas, atacaron el local con un bidón de nafta que explotó dentro del comercio. Antes habían lanzado elementos contundentes contra la vidriera que quedo totalmente destruía. Una fuente policial afectada a la investigación del hecho afirmó que la familia recibió un sobre que contenía dos proyectiles de arma de fuego en un claro mensaje de corte mafioso y que indica el calibre de los individuos involucrados en la estafa.

La esposa del ex funcionario es Yamila Fernández, conocida en el ambiente periodístico por su paso por algunos medios y su actuación como Secretaria de Prensa del Sindicato de Televisión delegación San Luis. Su última actuación en los medios locales fue como conductora en entregas periodísticas en el Canal de Cable Carolina Cable Color en donde fue designada como delegada gremial y ya no volvió a los medios. Fue Fernández, atemorizada por las amenazas, la que recurrió a la Justicia pidiendo protección para ella y su familia.

Habría sido uno de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, quien conoce a la mujer por sus anteriores actividades periodísticas, el que le habría sugerido la presentación de un pedido de protección judicial que unos días después fue efectivizado ante el Juzgado mencionado. En el despacho del magistrado Marcelo Bustamante Marrone se radicó una causa que fue caratulada “FERNANDEZ SANDRA YAMILA-SOL. AVOCAMIENTO- ESC 2179/14/14” en la que de manera inmediata el Juez dispuso una ORDEN DE RESTRICCON DE ACERCAMIENTO en contra de un grupo de personas que “deberán abstenerse de acercarse a una distancia de trescientos (300) metros del domicilio real y/o laboral y proferir amenazas, agredir verbal o físicamente, por cualquier medio…” a Fernández y su grupo familiar (esposo e hijos) indica la orden notificada. La orden judicial fue notificada por las Comisarías con jurisdicción sobre el domicilio de las personas que fueron señaladas por la pareja de esposos. El Juzgado ordenó además una custodia policial permanente en el domicilio de los amenazados y en los lugares a los que se desplacen.

El caso agrega una constante a la modalidad de operaciones financieras no declaradas que tuvo un antecedente en la caída de la Mutual El Club que era también regenteado por hombres con fuertes vínculos en el Gobierno provincial.