El juez federal Julián Ercolini desestimó el pedido de declaración indagatoria de los accionistas de Clarín y La Nación que había realizado el fiscal Leonel Gómez Barbella por la causa Papel Prensa. Gómez Barbella había pedido que sean citados Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera y Guillermo Juan Gainza Paz.

"Es una obviedad decir que se encuentra dentro de las facultades de los fiscales y de los querellantes solicitar la declaración indagatoria cuantas veces lo consideren, pero tambiénque tal acto procesal se dispone cuando existe un grado de verosimilitud ciertamente importante, que debe estar apoyado en evidencias que objetivamente lleven a considerar como probable la hipótesis denunciada", advirtió Ercolini en una resolución firmada esta tarde.

El Barbella, había pedido el pasado miércoles la indagatoria de los directivos.

En medio de la cobertura mediática que se llevó la muerte del fiscal Nisman y que a casi dos meses de su fallecimiento, no cesa, desde el Gobierno se intenta reflotar la causa y comprometer a los directivos del multimedio.

Ya se percibían cambios cuando la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó desplazó al fiscal Eduardo Taiano y lo reemplazó por Barbella, un integrante de la agrupación ultrakirchnerista Justicia Legítima.

Gómez Barbella desembarcó entonces en la causa Papel Prensa y ahora recibió una directiva clara: Llamar a indagatoria a Magnetto y Mitre.

Una noticia que obviamente ocuparía la agenda mediática y le permitiría al kirchnerismo recuperar algo de la mística pérdida.

El pedido del fiscal

Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos "resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación".

Allí argumenta que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo".

El pedido de Leonel Gómez Barbell se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien "conintimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".

"Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión", concluye.

La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos y cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.

Precisamente, ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge Rafael Videla.