Por Ramiro Melucci

 

“Nos encontramos en alerta. Posiblemente en las próximas horas haya cortes de rutas y movilizaciones de taxistas, remiseros y autos rurales”. El comunicado que llegó a algunos periodistas antes del inicio de la semana pasada, firmado por el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (Supetax), Donato Cirone, no presagiaba días apacibles para el municipio. Los taxistas bramaban de furia porque, por primera vez, Guillermo Montenegro le había entornado públicamente la puerta a Uber y a las demás plataformas digitales de transporte. No era lo que habían creído entender en reuniones previas con el jefe comunal, pero sí lo que aclaraban en off los hombres de máxima confianza del intendente: que es un debate que debe darse en el Concejo Deliberante a partir de las notorias falencias en el servicio de taxis.

La diferencia de ese comunicado con otros pronunciamientos anteriores era que lo emitía uno de los sectores de diálogo permanente con el gobierno local, y no el gremio que llegó a hacer una “consulta popular” para marcar su oposición a la instalación del GPS (Simpetax). Llegaba, a la vez, en un momento delicado: después del anuncio de la UTA de que iba a parar martes y miércoles en las ciudades del interior en reclamo de un salario igual al de los choferes del área metropolitana.

La necesidad de desactivar cualquier conato de protesta se volvió imperiosa. Los mensajes de whatsapp entre funcionarios y dirigentes de las entidades de taxis comenzaron de inmediato. El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, les dio una audiencia el miércoles a la tarde. Fue entonces cuando les brindó una explicación política sobre el sentido de las palabras del intendente vinculadas a Uber (un llamado de atención a los taxistas que no quieren acatar las disposiciones municipales) y les ratificó el rumbo del gobierno en el conflicto: el primer paso es la exigencia del GPS en la inspección anual, que comenzará en junio.

El municipio identifica tres factores que inciden en la disminución de la prestación del servicio, sobre todo a la noche. La falta de choferes, que hace que cada unidad esté en la calle entre 8 y 12 horas, y no las 24 horas, como antes de la pandemia. La reducción de los alquileres de licencias, que provoca que los propietarios las tengan en su poder y no las utilicen por falta de chofer y vehículo. La decisión de algunos taxistas de no trabajar de noche o los fines de semana, lo que para el gobierno local es una muestra de que no se termina de comprender que el taxi es un servicio público.

La instalación del sistema de posicionamiento global en los taxis le permitirá al municipio tener un panorama más nítido de la prestación del servicio. El cartel “no al GPS”, que exhiben algunas unidades como recordatorio de que sus dueños no están dispuestos a pagar por la instalación y el mantenimiento, no cambia la táctica oficial. Dentro de un mes empezará a ser obligatorio. Los que no lo hayan instalado no pasarán la inspección. Les retendrán la licencia, lo que resentirá aún más el servicio. Sería el momento álgido del conflicto.

En ese escenario, la primera respuesta que tendrá a mano el municipio será la emisión de nuevas licencias. “Casi que se puede aseverar que va a ser así”, adelantan en el gobierno. Estiman además que los datos del Censo reflejarán un crecimiento poblacional en el distrito y terminarán justificando la decisión. 

Los cursos para choferes, que se retomarán este mes, también generan cierta expectativa. Las tres ediciones anteriores tuvieron 250 participantes, pero por distintas circunstancias no todos terminaron manejando un taxi: algunos, créase o no, ni siquiera se presentaron a rendir el examen; otros lo desaprobaron. El municipio tiene allí otro desafío: el de afianzar los conocimientos.

Por un carril paralelo correrá la discusión de las plataformas digitales, impulsada por el proyecto de la oficialista Angélica González (Coalición Cívica). La Comisión de Movilidad Urbana ya pidió opiniones al Ente de Turismo (Emtur), las secretarías de Gobierno y Desarrollo Productivo y la Subsecretaría Legal y Técnica.

La primera respuesta que tendrá a mano el municipio será la emisión de nuevas licencias. “Casi que se puede aseverar que va a ser así”, adelantan en el gobierno.

 

Por lo pronto, las explicaciones de Bonifatti apaciguaron a la dirigencia y ninguno de los reclamos anticipados se volvió realidad. La calle fue solo de la UTA, que paró 12 horas el martes a pesar de la conciliación obligatoria declarada por el Ministerio de Transporte de la Nación y llevó una protesta a las puertas del municipio cuando se sabía que el levantamiento de la medida de fuerza era cuestión de horas. 

En el Concejo revivió el debate del boleto combinado, promovido ahora por el Frente de Todos. El presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, lamentó que ese bloque, que se pronunció en contra del pliego, vuelva con un elemento incluido en aquella iniciativa del Ejecutivo. La kirchnerista Marina Santoro le recordó que la oposición votó contra el pliego por muchas razones, entre las que no estaba el boleto combinado. Se trata, de hecho, de uno de los consensos básicos sobre cómo debe ser el servicio de colectivos.

Tan superada estaba la discusión que el dilema el año pasado no era si incorporar o no el boleto combinado, sino la ventana temporal en que podría utilizarse. Es decir, el tiempo que se le otorgaba al usuario para bajarse de un colectivo y tomar el otro con el mismo boleto. El pliego proponía una hora, pero a partir de un pedido del bloque radical ya había acuerdo para incrementarla.

Ahora el debate tampoco es si implementar o no la combinación entre líneas. Alude a si es posible hacerlo más allá de lo que ocurra con el pliego. A diferencia de lo que sostiene el Frente de Todos, para Juntos por el Cambio es impensado desunir una cosa con la otra: arguye que la instrumentación requiere de los cambios de recorridos y las estaciones de transferencia contemplados en el proyecto oficial, que todavía no regresó al Concejo. 

Mientras ponen un ojo en las internas nacionales que resquebrajan a las dos grandes coaliciones (unos con Martín Guzmán envuelto en un torbellino y otros con Javier Milei en el centro de las controversias), oficialistas y opositores locales parecen sentirse cómodos en el debate sobre el sistema de reconocimiento facial de prófugos. Los concejales del intendente, porque les apasiona decir que el kirchnerismo defiende a los delincuentes. Los de Fernanda Raverta, porque se regodean encastrando dos términos: espionaje y macrismo.

Cada uno les habla a sus votantes. El intendente también se involucra y alienta la discusión. Pero el interés por confrontar no se traduce aún en la información proporcionada al proyecto de ordenanza que analiza el Concejo. Siguen faltando los informes solicitados el 8 de abril a diversas áreas del gobierno. Que ayudarían a conocer, por ejemplo, cómo estarán protegidos los datos biométricos que surjan de los reconocimientos faciales y si quedarán en poder del Centro de Monitoreo o de una empresa privada. Menudencias.