Un informe publicado en el diario Ámbito Financiero dio cuenta de las asimetrías existentes entre las jurisdicciones provinciales en cuanto a la tarifa de energía. En este relevamiento Corrientes vuelve a ocupar un lugar que refleja cierta discriminación del Estado central hacia jurisdicciones no afines al modelo nacional. Junto a Santiago del Estero se ubican como las dos distribuidoras con las tarifas más baja del país, casi tres veces menos a la de otras como Jujuy o La Pampa.

Todas las provincias de la región Noreste figuran con tarifas más altas que la de Corrientes, donde el consumo bimestral tiene un costo del orden de los 100 pesos; en tanto que en Formosa supera los 130 pesos y en Misiones y Chaco el valor llega a más de 200 pesos por el mismo nivel de consumo.

Enrique Vaquier, diputado nacional por Mendoza elaboró el estudio en base a la información oficial de distribuidoras, entes reguladores o secretarías de Energía de las distintas jurisdicciones y cuestionó el esfuerzo realizado en todo el país para subsidiar "al área Metropolitana de Buenos Aires, donde está la mayor concentración urbana".

"En tanto Edenor y Edesur no se vean obligadas a pagar la energía que compran siempre será posible mantener las tarifas a usuario final que tanto molestan a cualquier ciudadano del interior del país. Es decir, con fondos de todos los argentinos, financiamos el consumo de los ciudadanos de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano", remarcó.

Vaquier acusa en este sentido que la diferencia entre las provincias se da "primero, por el sistema de subsidio del Gobierno nacional a la generación y el transporte; y, segundo, por el sistema de determinación de los cuadros tarifarios de las distintas jurisdicciones".

"El sólo hecho de pensar en los importes restados al consumo en el Interior del país mientras se sostienen tarifas absurdas en el área Metropolitana de Buenos Aires nos pone frente a un dilema político significativo, dado que este esquema se replica en las tarifas de transporte, el servicio de agua potable y el saneamiento, o en la dotación de agentes de la Policía Federal cuyo salario costea la totalidad de los ciudadanos, en la Argentina el acceso a los bienes y servicios públicos ha devenido en una de las más odiosas herramientas de inequidad y demolición del federalismo", cuestionó el legislador.