Por

Marta Dillon

Contra toda desesperanza, en la sede de una de las tres centrales de trabajadores y trabajadoras se selló un compromiso: “Si finalmente se vota el encierro de niños y niñas, si el Senado convalida este crimen social, haremos todo lo posible y más para que no se aplique”. Eran organizaciones gremiales, de protección de los derechos de las infancias y adolescencias, de derechos humanos, personas y colectivos que trabajan en los territorios con pibes y pibas, las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica, abogados y abogadas militantes que no se resignan a que sea la crueldad del sistema penal la que resuelva los conflictos a los que se abandona a chicos y chicas, cada vez con menos oportunidades educativas, de cuidado y de proyectos a futuro. Una coincidencia básica entre grupos disímiles en defensa de las infancias.

Todas esas organizaciones e instituciones que mantienen contacto cotidiano con niños, niñas y adolescentes se reunieron en el salón principal de la CTA Autónoma —en proceso de unidad con la CTA de lxs Trabajadores, también presente— para exponer “diez razones para que el Senado de la Nación no vote el proyecto” de ley de un régimen penal infantojuvenil que baja la edad punible a 14 años y que ya cuenta con media sanción en Diputados. No es la primera vez que esta red se reúne: de hecho, la campaña No a la Baja ha sido un sostén mutuo en los últimos diez años para resistir la estigmatización de niñes y adolescentes en conflicto con la ley penal. “Todos los gobiernos de derecha buscan bajar la edad punible como si así resolvieran la seguridad de la población, pero lo único que buscan es un disciplinamiento punitivo de la juventud”, dijo María Reigada, de la mesa nacional de la CTA-T.

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“La terrible paradoja es que este proyecto de ley va a llegar al Senado con la firma de una diputada procesada por transportar medio kilo de cocaína”, dijo Oscar Villaverde, de Correpi, profesor de escuela técnica en la Villa 20 de Lugano, en alusión a Lorena Villaverde, la diputada que renunció a ser senadora por la causa en su contra por narcotráfico, pero se aseguró de conservar su banca en la Cámara baja. A su lado estaba Paula Penacca, diputada de UxP, que en la sesión donde se dio media sanción al proyecto también insistió en que “castigar antes y castigar más no resuelve la conflictividad penal de niños y adolescentes”. Menos en el marco de la desfinanciación del sistema educativo, de las escuelas técnicas, e incluso de la eliminación del programa de alfabetización en barrios populares que acaba de dejar en la calle a medio centenar de docentes en la Ciudad de Buenos Aires.

“El sistema penal, tal como está, no reeduca, no resocializa: administra la crueldad. Castigar es producir dolor sobre el cuerpo de otro; cuando eso sucede con un niño o una niña hay algo que se rompe. Lo que acá está en juego es si queremos que el Estado se relacione así con los niños y niñas: aplicando crueldad al mismo tiempo que se reduce el sistema educativo, financiando el castigo con el mismo monto que se quitó a las becas Progresar, que son 23 mil millones de pesos”, dice, categórica, Vanesa Salgado, defensora de niñez e infancia, integrante de la Red No a la Baja y de la Mesa de Articulación de Niñez. Salgado también aporta datos: “Esta ley es puramente disciplinadora. Los menores de edad cometen el 2,5 por ciento de los delitos y los menores de 16, el 0,8 por ciento. Son datos oficiales, como también lo son los de pobreza: el 50 por ciento de niños y adolescentes son pobres. El 20 por ciento de esos niños son hijos e hijas de trabajadores registrados; el resto, de trabajadores informales o desocupados. Mientras se precariza a padres y madres se precariza a sus hijos. El sistema penal persigue pobres. Y lo que vemos acá es una propuesta de gobierno para quienes el propio sistema expulsa: aplicar el brazo represivo del Estado. Esto es bien claro en las propuestas presupuestarias, en las políticas públicas que se retiran y las que se fomentan: el retiro de becas estudiantiles, de fomento del deporte, en la ley de reforma laboral. La plata se pone solo en ver cómo se organiza la represión para quienes quedan fuera del contrato social que propone este gobierno”.

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Reforma laboralReforma laboral: qué cambia para las trabajadoras de casas particularesPor Marta DillonEntre víctimas y victimarios

La abogada Claudia Cesaroni, representante de Pablo Grillo en su querella contra el gendarme que le disparó a la cabeza, Héctor Guerrero, y su responsable política entonces, Patricia Bullrich, cuestionó el uso público de algunas víctimas para presentar el proyecto de ley sobre el sistema penal juvenil. “Bullrich no le reconoce la categoría de víctima a Pablo Grillo, tampoco a Santiago Maldonado o a Rafael Nahuel. ¿Cómo se atreve a hablar de víctimas?”, dijo, recordando también su gestión como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Cesaroni, a quien las bandas de trolls libertarios atacaron más de una vez en redes conducidos por Daniel Parisini (@GordoDan), se refirió también al “clasismo” que se hace evidente en la redacción del proyecto de ley: “Las llamadas penas alternativas que se describen en el artículo 12 implican requisitos que pueden ser cumplidos solamente por familias de muchos recursos. Porque ¿cómo garantiza una mujer jefa de familia, que se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar a varias casas, una prisión domiciliaria? Se necesitan otras alternativas con presupuesto”. También señaló, tal como está en el documento que se elaboró de manera conjunta, que en la redacción de la ley no se habla ni se garantiza la educación secundaria; tampoco hay cálculos de penas para delitos menores; se elimina la progresividad de la pena para adolescentes; no existen políticas de reinserción; no hay revisión periódica para la reintegración social y, sobre todo, que bajar la edad de punibilidad es inconstitucional.

“Los chicos no son un peligro, los chicos y las chicas están en peligro”, dijo el representante de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Desde la Iglesia Católica se hizo un último intento, el miércoles, de hacer llegar su preocupación a quienes este viernes podrían convertir en ley este régimen penal juvenil, junto con la reforma laboral que, como dice el documento conjunto y como cerró Hugo “Cachorro” Godoy el encuentro, “van de la mano. Acá no hay sectores que luchan por los glaciares, otros por los trabajadores y otros por la niñez, sino que somos conscientes de que tenemos que confluir en una sola lucha por el agua que es vida, por los derechos laborales y por los niños y adolescentes. Hoy expresamos el No, pero lo que queremos construir es una sociedad distinta, nuevos horizontes de soberanía popular”.

Si el Senado avanza, la baja de la edad de punibilidad se convertirá en ley con el respaldo de una mayoría que también impulsa reformas laborales y recortes en políticas sociales. Esa simultaneidad fue señalada una y otra vez durante el encuentro. Para quienes se reunieron en la CTA Autónoma, no se trata solo de una reforma penal, sino de un cambio de paradigma: menos derechos, más castigo. Frente a ese escenario, la red que se consolidó en la última década promete sostener la resistencia. “Hoy decimos No. Mañana vamos a seguir construyendo alternativas”, fue la síntesis.