Según explicó el diputado de la Coalición Cívica a nuestra corresponsal en Buenos Aires, presentará documentación que avala la relación existente entre el ex presidente Néstor Kirchner y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime con dos empresas que suenan fuerte en Bahía Blanca y que se habrían visto beneficiadas con el gobierno K: Grupo Plaza (maneja el 75% de las líneas de colectivos de la ciudad) y TEBA (podría ser la concesionaria de la terminal de ómnibus).

"Néstor Otero, el titular de Terminal de Buenos Aires, tiene a su cargo dos directivos acusados de ser garantes y pagadores del alquiler del departamento de Jaime. Además, recibía beneficios gracias a un decreto firmado por el propio Kirchner que extendió el plazo de concesión de la terminal porteña hasta el 2015 con un 25% de descuento en el canon, aún cuando había un informe de la Auditoría General que demostraba una serie de irregularidades cometidas durante la prestación", destacó el legislador.

En tanto, sobre los hermanos Cirigliano dijo que "en paralelo en los beneficios y dádivas brindadas hacia Ricardo Jaime, también financiaban la campaña política K y brindaban sus colectivos de manera gratuita para trasladar a los manifestantes para los actos oficialistas y las marchas en contra del campo".

La causa

En el 2008, Carrió y varios legisladores de su partido presentaron una denuncia penal por supuesta "asociación ilícita" contra Kirchner que recayó en Ercolini, quien en 2004 había sobreseído al ex presidente del delito de enriquecimiento ilícito. Además de Kirchner, en aquella presentación se pidió que se investigue a Jaime; al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; al ex titular de la OCCOVI, Claudio Uberti; y a los empresarios santacruceños Rudy Ulloa Igor, Cristóbal López y Lázaro Báez.

Según Morán, en el país habría "una matriz de negocios expresada mediante la cooptación del aparato estatal por funcionarios confundiendo lo público con lo privado, manipulando las licitaciones en beneficio de determinados grupos empresarios, omitiendo los controles a los concesionarios de servicios públicos y otorgando subsidios escandalosos a empresarios inescrupulosos que incumplen los términos de sus concesiones ante la total pasividad del 'Estado Benefactor'".