Primero trató de justificar la poda de los dos artículos (el Nº 13 y el Nº 31) y la incorporación de los dos incisos al artículo Nº 8 (el F y el G). Pero además sorprendió con sus críticas a los legisladores, en particular apuntó a los senadores y diputados oficialistas, porque no consultaron al Ministerio de Educación antes de sancionar la norma. “Que se haga cargo (del problema y las responsabilidades) quien se tiene que hacer cargo”, disparó Macció en diálogo con época.

Antes de comenzar con su diatriba, destacó que una Ley de Paritarias es “una excelente herramienta para encauzar institucionalmente una discusión o negociación con los representantes del sector”, sostuvo el Ministro. Aunque aclaró que esa norma no debe estar confeccionada de cualquier manera.

“Nosotros tenemos nuestras diferencias con la ley que salió. Son algunos detalles, que el año que viene ajustarán. Por eso nos estamos poniendo en contacto con los legisladores para que a principios del año que viene sean corregidos”, sostuvo Macció.

Esas correcciones a la que se refirió el Ministro de Educación no es otra cosa que la Legislatura acepte el veto que le impuso a la flamante Ley de Paritarias Provinciales Docentes.

¿Por qué se esperó hasta que la ley fuera sancionada para hacer estas objeciones y no se hicieron las observaciones cuando el proyecto estaba siendo analizado en la Legislatura?, preguntó época. “Porque nosotros no tuvimos participación en el debate legislativo”, respondió Macció.

Esta respuesta del Ministro de Educación llamó mucho la atención. La norma vetada llevó un año de elaboración entre técnicos de Educación y de los gremios (mediados de 2.008 a mediados de 2.009). Luego fue estudiada en la Legislatura durante todo el 2.010; fue aprobada por unanimidad de ambas Cámaras y se convirtió en ley el 11 de noviembre pasado.

Además la administración del gobernador Ricardo Colombi tiene un importante bastión de legisladores oficialistas, que en el caso de Diputados le permite el control absoluto. Es más, las comisiones de Educación -donde fue analizada de manera extensa la iniciativa- en ambas Cámaras están manejadas por oficialistas que además son de extracción gremial: en Diputados está presidida por Rufino Fernández y en el Senado por Gustavo Canteros, actual secretario general y ex titular de AMET respectivamente.

A pesar de todos estos nexos, Orlando Macció ayer denunció desinteligencia e incomunicación con la Legislatura. Además de dejar expuestos a los legisladores oficialistas y a los socios políticos del Gobierno. “Nosotros como Educación no pudimos ver el proyecto antes de que sea aprobado por la Legislatura”.

¿Ni siquiera recibieron la consulta de los legisladores oficialistas?, repreguntó este diario. “Insisto, no fuimos consultados y no pudimos opinar sobre el proyecto. Que se haga cargo quien se tenga que hacer cargo”, reiteró Macció.

Sindicatos ponen en duda la legalidad de la norma vetada parcialmente

A través del Decreto Nº 3.381/10 del 29 de noviembre, el Gobierno eliminó los artículos Nº 13 y 31 de la flamante Ley de Paritarias Provinciales Docentes (Nº 6.030). Además le incorpora dos incisos al Artículo Nº 8, uno de ellos dice que “las entidades sindicales deben abstenerse de realizar medidas de fuerza durante el periodo de negociación, motivadas en cuestiones tratadas en la comisión negociadora (inciso F)”.

Mientras que el artículo Nº 31 hablaba de considerar a la Educación como “un derecho social” y no un “servicio esencial”. Era el salvoconducto de los gremios justamente para poder garantizarse el derecho a huelga. Este artículo fue vetado por el Ejecutivo, considerando que “en la Nación Argentina ningún derecho es de carácter absoluto, sino que los mismos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”, dice el Decreto Nº 3.381/10.

Orlando Macció le restó importancia ayer a este último punto. Para él es “un tema discutible” el de considerar a la Educación pública, gratuita y obligatoria, como un servicio y no un derecho social inalienable de los seres humanos.

Los que no aflojaron en sus críticas fueron los gremios, señalando que estas modificaciones son “inconstitucionales” y que además duda de que esta norma vetada parcialmente tenga legalidad. “La Constitución provincial no le da validez a una ley que fue publicada con estas características‘, dijo a época Gerardo Marturet.

Los referentes de los sindicatos docentes más grandes de la provincia calificaron de “inconstitucional” la imposición del Inciso F en el Artículo Nº8, de la prohibición de realizar medidas de fuerza en plena negociación.

“Igual que la educación, la posibilidad de hacer huelga es un derecho constitucional de los trabajadores consagrado en convenios internacionales, la Constitución Nacional y la provincial; que no lo vamos a regalar y no se puede modificar con un decreto”, opinó el adjunto de SUTECO.

Gea y Marturet comentaron también que están analizando con sus abogados los pasos legales que van a seguir, y si se van a someter a una negociación laboral y salarial -que podría ser en febrero de 2011- con esta Ley de Paritarias Provinciales Docentes que tiene observaciones, veto e incorporaciones.

Y finalmente los sindicalistas le dieron poca credibilidad a los dichos de Orlando Macció respecto de que el Ministerio de Educación no tuvo participación en el debate parlamentario. “Es inconcebible pensar que el Gobierno no haya podido hablar con sus legisladores sobre el tema. Es una excusa más para que la Ley no se operativice. No quieren debatir con los gremios”, dijo Marturet.