Julio San Miguel, ex director del Ipesa, y Alicia Echeveste, que estaba a cargo del área de Niñez y Adolescencia, hablaron ayer en el juicio que, de manera excepcional, comenzó el pasado lunes, un día feriado nacional.

"Toda mi vida la dediqué a trata de ayudar, en la manera que he podido, a toda la gente para la que he trabajado. Hasta 2009 no hice otra cosa que tratar de ayudar. Y hacíamos mucho más de las funciones que teníamos asignadas", aseguró San Miguel sobre su desempeño. El juicio en su contra, al igual que con Echeveste, es por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Las denuncias por lo que sucedía en el Ipesa incluyen maltratos de parte de los operadores, encierros con esposas y presuntos abusos sexuales de chicos contra otros niños. También el encubrimiento de esos delitos.

Sobre un hecho específico de violación de niño a otro dentro del Instituto, tanto San Miguel como Echeveste reconocieron el caso pero adujeron que no se hizo una denuncia judicial para no continuar con la "estigmatización" de los involucrados. Dijeron que informaron el hecho a los asesores de menores pero que junto a los equipos técnicos se recomendó no ir a la Justicia.

El juicio comenzó el lunes y los testigos que desfilaron a lo largo de la semana hablaron a favor de los dos ex funcionarios, sobre todo ex empleados que coincidieron en afirmar que tanto San Miguel como Echeveste "hacían más de lo que tenían asignado". El próximo lunes se escucharán los alegatos de las partes, de acuerdo a lo dispuesto por la jueza Claudia Collado.

"Hay niños que están necesitados y quieren que los ayuden. Pero hay otros niños enojados con la vida, por todo lo que les pasa. Es muy difícil la tarea, y la misión es que ellos puedan salir a un lugar y tener una familia", dijo San Miguel en otro tramo de su declaración.

El caso.

Los dos ex funcionarios renunciaron en 2009, cuando las denuncias de lo que sucedía en el Ipesa también provocaron la dimisión de quien era titular del Ministerio de Bienestar Social, Cristina Regazzolli, luego reemplazada por el actual ministro Gustavo Fernández Mendía.

El incumplimiento es una figura penal que se reprime con entre un mes y dos años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo, y se aplica al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Entre quienes declararon en la semana estuvo una joven que quedó embarazada cuando estaba en uno de los hogares. Ella dijo que las chicas solían escaparse y que en esas circunstancias se prostituían y consumían estupefacientes. Otro testigo que pasó ante la jueza, los defensores y el fiscal fue el ex abogado de la dirección, Kevin Christensen. Entre el material probatorio que acumula el expediente figurarían testimonios de menores en la Cámara Gesell que probarían que fueron abusados por otros jóvenes y también de padres que darían fe de que sus hijos fueron maltratados.