El duro informe de Contaduría sobre el anterior convenio de las fotomultas

El duro informe de Contaduría sobre el anterior convenio de las fotomultas

Desde el área sostuvieron que la Comuna podría solicitar un resarcimiento a la UTN “dada la magnitud de los incumplimientos” en el acuerdo rubricado durante la gestión de Carlos Arroyo. Los detalles.

Contaduría General criticó duramente el anterior convenio de las fotomultas, rubricado bajo la gestión de Carlos Arroyo, e incluso deslizó que la comuna podría solicitar un resarcimiento a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), “dada la magnitud de los incumplimientos”.

Como es sabido, Montenegro rescindió en forma unilateral en agosto del año pasado el acuerdo celebrado en 2018 con la UTN para el control de infracciones de tránsito en el Partido de General Pueyrredon, cuya suscripción fuera autorizada por la Ordenanza 23.484, sancionada en diciembre de 2017. 

“Durante la vigencia del convenio, esta Contaduría no pudo acceder a información ni documentación sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo; la formación y actuación de la Comisión de Seguimiento; la justificación de las tareas de alta especialización encomendadas a CECAITRA (NdR: Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, entidad que le aportaba a la UTN equipamiento para labrar las multas y dispositivos para registrar excesos de velocidad e infracciones) que permitan evaluar el encuadre legal de la contratación; los circuitos administrativos y aspectos operativos de su ejecución, especialmente en lo vinculado al tratamiento de los recursos generados por el pago de las multas aplicadas por infracciones de tránsito, siendo ésta una temática de particular importancia para su correcta registración contable”, sostiene el informe al que accedió La Tecla.

Parte de estas cuestiones las planteó Montenegro en el decreto de rescisión del acuerdo, en el que se describen “varios incumplimientos graves”, como la falta de acciones concretas para lograr los objetivos del Programa Municipal Integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable; la falta de evaluación de la marcha del proyecto; el cumplimiento parcial del plan de difusión y concientización ciudadana; y el aporte incompleto del equipamiento exigido. 

Por otro lado, el área que conduce Guillermo Costanzo alerta sobre el manejo del dinero percibido por las multas en el último ejercicio. “Se tomó conocimiento de la existencia de fondos transferidos por Bapro y Acara, originalmente registrados por la Tesorería en cuentas de terceros y luego ingresados al cálculo de recursos. De éstos surgen los montos cobrados entre enero y diciembre de 2021 (NdR: en principio, serían unos $63.479.273,20 ) y la distribución de dichos importes entre ‘Jurisdicción General Pueyrredon’ (50% del neto), ‘Jurisdicción Cecaitra-General Pueyrredon’ (30% del neto) y ‘Jurisdicción Provincia de Buenos Aires’ (20% del neto)”, señala el informe.

Y agrega: “Como fuera advertido, el mecanismo de apropiación de recursos produce una compensación de recursos y gastos no admitida por la LOM (Ley Orgánica de Municipalidades) en su artículo 111”.

Asimismo, “se observa que el porcentaje asignado a la UTN es atribuido a Cecaitra-General Pueyrredon, cuando no existe vínculo alguno entre ésta y el Municipio, no hallándose acreditada la procedencia de la distribución entre los sujetos mencionados con posterioridad a la rescisión”. Según lo reglamentado en la ordenanza 23.484, el 50% de lo recaudado le correspondía al Municipio, un 30% era para UTN-Cecaitra y el 20% restante para Provincia.

Frente a todas las irregularidades mencionadas, Contaduría sentencia: “Dada la magnitud de los incumplimientos por parte de la Universidad, que llevaron a la rescisión unilateral, deberían adoptarse las medidas necesarias para resarcir al Municipio por los mismos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder”. ¿Avanzará el Municipio en la Justicia?

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