La procuración local anunció con algarabía que el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) tendrá a su cargo la tarea de verificar si estuvo bien hecho el "barrido electrónico" efectuado sobre el cuerpo del funcionario muerto y que no encontró huellas de pólvora.

Cabe preguntarse: ¿de donde nace la competencia jurisdiccional del CIF para encargarse de la prueba de esta causa?. Ningún acuerdo habilita a un organismo estatal a modificar la jurisdicción y presentarse como perito de parte.

El argumento es que el CIF cuenta con un escáner que se considera de avanzada. Seguramente, no es el único en el país. Esta entidad fue creada con el apoyo de Aníbal Fernández, que en 2010 era jefe de Gabinete y hoy, como Secretario de la Presidencia, cumple un activo rol, nada esclarecedor, en el caso Nisman.

El momento no es propicio, ya que día a día aumenta la confusión sobre el caso, uno de los crímenes más trascendentes de la historia argentina. Es evidente que a las autoridades nacionales les interesaría que la causa quede archivada como "suicidio"; la conducta de los funcionarios tras la aparición del cuerpo sin vida del fiscal ha consistido en descalificar su investigación sobre un acuerdo con Irán que nadie explica con argumentos razonables.

Por lo tanto, si el CIF llegara a descubrir que efectivamente había rastros de pólvora en las manos de Nisman, este organismo creado a instancias del procurador Pablo López Viñals y con cinco millones de pesos que aportó el gobierno nacional quedaría involucrado en la sospecha de encubrimiento que seguramente acompañará por décadas la memoria de esta causa. Y si ratificara la primera pericia, la intervención del CIF quedaría sumergida en la intrascendencia.

El historial del CIF no acumula aplausos y su intervención en casos resonantes, como el asesinato de las jóvenes francesas y el aparente suicidio del comisario Néstor Piccolo, entre muchos otros, dejó más dudas que certezas. La intervención en la causa Nisman, a priori, no le garantiza prestigio.

En principio, ninguna pericia, por brillante que sea, puede arrojar luz definitiva en un episodio donde el supuesto suicida solo deja indicaciones para sus colaboradores profesionales y para su mucama, no dedica una línea de despedida a su familia y, sobre todo, teniendo diez policías como custodia, permanece diez horas muerto sin que el jefe de esa custodia tire la puerta abajo. Todo eso en un edificio de Puerto Madero donde las cámaras de seguridad, dicen, no funcionaron.

Todo es demasiado contundente como para esperar algún esclarecimiento de parte de los humildes investigadores de López Viñals.

Hay algunos antecedentes ambiguos. Uno de los acusados por Nisman en la imputación que lo llevó a la muerte es el activista Luis D''Elía, quien vino a Salta para apoyar la candidatura de Juan Manuel Urtubey en un acto realizado en el Delmi, donde participaron también Matías Posadas, Diego Barreto y algunos referentes de partidos cristinistas. El fervor de Urtubey, esa noche, hizo olvidar feroces críticas del visitante, autodefinido "chavista bolivariano" y operador de la teocracia iraní en la Argentina.

No parece esta la razón para elegir las pericias del CIF salteño.

Tampoco serían razones suficientes las participaciones de un sonriente Urtubey en el pronunciamiento del Partido Justicialista y en el acto encabezado por la presidenta, dos capítulos de una estrategia destinada a sacar de la agenda a la conflictiva muerte del fiscal.

Es prematuro anticipar los resultados, pero es válido, en cambio, analizar el contexto de esta incursión salteña en un hecho de sangre vinculado al terrorismo internacional y el espionaje interno.