El rumbo que tomó el calendario se veía venir desde hace unas semanas, cuando las primeras convocatorias por parte del gobierno al sector estatal y docente anunciaban que no se discutiría salarios, sino cuestiones “técnicas”. Dilatar la negociación salarial era uno de los factores que permitían prever que las paritarias posiblemente no estarían cerradas para el 5 de marzo, fecha en la que se pretende comenzar las clases. El otro factor, era el fantasma de una propuesta insuficiente por parte del Gobierno.

Se prevé que el cuarto intermedio concluya el próximo martes, un día antes que el gobernador Daniel Scioli encabece el Inicio de Sesiones Ordinarias 2014, correspondientes al 142º período legislativo, donde expondrá los resultados de su gestión y los próximos objetivos. Sin embargo, como lo han confirmado oficialmente, la oferta final que realice el gobierno nacional determinará la propuesta provincial, por lo que el encuentro podría adelantarse para el lunes según el resultado de la paritaria nacional docente, que tendrá lugar ese día.

Oscar Cuartango, ministro de Trabajo, defendió la oferta inicial del 25 por ciento, que se extendería en tres tramos, rechazada tanto por estatales como por docentes. “Hay una diferencia entre lo deseable y lo posible, y la economía es el arte de lo posible”, señaló oportunamente el funcionario.

El Frente Gremial Docente, que nuclea a la mayor cantidad de maestros en la Provincia, reclamó una "oferta superadora" a la cifra ofrecida por la administración sciolista y adelantó que de no haber acuerdo, habrá una medida de fuerza que se iniciará el miércoles y concluirá el viernes 7.

Por su parte, la Federación de Gremios Estatales Bonaerense (Fegeppba) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron, en el mismo momento de la paritaria, su rechazo a la oferta salarial y confirmaron una medida de fuerza. Mientras Fegeppba paralizará actividades el mismo miércoles, ATE llevará adelante una huelga de 48 horas el 5 y el 6.

En tanto, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio alineado al oficialismo bonaerense, ratificó la medida de fuerza después de la consulta realizada a las bases.

A la huelga se sumarán los profesionales de la salud nucleados en CICOP y los judiciales encuadrados junto con ATE a la CTA que conduce a nivel nacional, Pablo Micheli.

La Policía Local y el retiro de los Gendarmes

La inseguridad y las estrategias desplegadas por el gobierno bonaerense para trabajar sobre este flagelo, será uno de los temas que aborde el gobernador Daniel Scioli en la Apertura de Sesiones Ordinarias.

El cuestionado y polémico proyecto de la Policía Local ha dividido las aguas a nivel provincial y nacional. Presionado por un acuerdo con el massismo, el mandatario bonaerense presentó esta semana los pliegos que buscan la creación de cuerpos de seguridad en municipios de más de 70 mil habitantes y de nuevas Fiscalías, Defensorías y Juzgados.

La presidenta Cristina Kirchner el pasado 22 de enero se sumó al debate de la Policía Local, cuando se refirió a una paliza que le habría dado la policía municipal de San Isidro a militantes de La Cámpora: "¿Para qué quieren la policía comunal algunos? ¿Para esto? ¿Para ser policía política de los intendentes, guardias pretorianas o van a ser realmente para la comunidad?", se preguntó la mandataria, al tiempo que manifestó su rechazo a la iniciativa, postura que al parecer no fue tenida en cuenta por la gestión sciolista.

La presentación de los proyectos se dio en momentos en que comenzaron a circular versiones sobre la retirada de los casi 3.500 gendarmes que custodian distintos puntos de la inseguridad en el Conurbano, que volverán a la frontera en el marco del Operativo Centinela. Tras la queja de muchos intendentes por la reducción del plantel de fuerzas federales en sus territorios, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció una convocatoria al gobernador bonaerense y al secretario de Seguridad Sergio Berni, para “verificar el funcionamiento del soporte de carácter nacional en el ámbito del Conurbano”.

El Gobierno provincial se hará cargo de aportar el presupuesto para el pago de los 15 mil agentes previstos, los patrulleros, armamento y los elementos de seguridad necesarios para poner en marcha la nueva fuerza. En este sentido, parte de la oposición se alegró de la presentación, aunque se mostró preocupado por la forma en que se resolverá el financiamiento.

En una Provincia con serios problemas económicos y en horas en que los gremios presionan por un incremento salarial superior al ofrecido, la objeción no merece ser cuestionada.