Diputados y senadores del sciolismo impulsan un juicio político contra el juez Luis Arias y contra el defensor Oficial Julián Axat, por presuntas “irregularidades en el desempeño de sus funciones”. Así, buscan la destitución tras los avances registrados en la investigación para dar cuenta de la cifra de fallecidos durante el temporal del 2 de abril.
A través de un comunicado, los legisladores sostienen que “no ha habido por parte de las autoridades ningún tipo de ocultamiento de la situación planteada” y que “existe una cifra comprobada de muertes causadas en forma directa por el temporal de alrededor de 50 personas”.
“Al mismo tiempo, se produjeron otros decesos, los cuales el Poder Judicial está investigando si tuvieron o no relación con el desastre que afectó a la ciudad de La Plata”, continúa el comunicado.
Así, remarcan que “la intervención judicial que pretenden llevar adelante los funcionarios, y la difusión en los medios de noticias falsas sobre estos hechos, representan ‘un abuso de autoridad y un incumplimiento de los deberes de funcionario público’”.
Así, indicaron que los acusados “violaron los deberes a su cargo y actuaron negligentemente, dado que se arrogaron una competencia sustancial y temporal que no poseían, para promover las actuaciones judiciales llevadas adelante”.
“Las actuaciones de Arias y Axat en medio de la catástrofe, reñidas con las normas que rigen su competencia funcional, como así también el raid mediático posterior, se explican por la parcialidad manifiesta con que ambos han teñido su proceder y, en definitiva, denotan una participación en cuestiones políticas incompatibles con el ejercicio de la magistratura que ejercen", expresaron.
Finalmente, indicaron que el juez Arias ha tenido una "serie de actitudes y conductas vinculadas con su desempeño que, por su acumulación y recurrencia, ameritan que se lo separe del cargo que ejerce".
La legislación indica que, una vez presentada la denuncia ante la Secretaría, ésta notificará a los imputados y realizará algunas medidas preliminares. Luego citará a una audiencia en la que los miembros del jury deberán establecer si “prima facie” existen causas para llevar adelante el juicio político. Esta parte del trámite puede demorar alrededor de 30 días, durante los cuales tanto Arias como Axat permanecerán en su cargo.
Si se expiden favorablemente, la Secretaría fijará la fecha del juicio oral en la que el jury (presidido por el presidente de la Suprema Corte provincial e integrado por abogados de la matrícula y legisladores), deberá decidir si hay motivo para destituir a los magistrados denunciados.
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