Ante la presión sobre el gobernador Barrionuevo de los dos diarios más grandes de Jujuy, la Legislatura tuvo que hacer marcha atrás e incorporó artículos que morigeran la norma. Las modificaciones, que salieron en forma “exprés”, se aprobaron sin dar explicaciones en el recinto. Hace menos de un mes, la habían votado legisladores con intereses personales en el negocio de los medios de prensa.
Los agregados, contenidos en la Ley 5665, dicen que “se considerará incumplimiento de la legislación laboral o de la seguridad social los verificados, previa participación de los interesados y pleno respeto del derecho de defensa, por resolución firme de la Dirección Provincial de Trabajo.
Cualquiera de las partes –agrega- podrá recurrir la decisión por el procedimiento señalado en la Ley 1886 de Procedimientos Administrativos y agotada la vía ante los tribunales judiciales competentes. Dichos recursos administrativos y judiciales tendrán efectos suspensivos”.
Se agregó asimismo otro artículo estableciendo que el Poder Ejecutivo “dictará las disposiciones reglamentarias para la adecuada y progresiva instrumentación de la presente ley, teniendo en cuenta las distintas modalidades de las actividades comprendidas, el tamaño de los medios de difusión, su distribución geográfica en la provincia y demás circunstancias que considere pertinentes”.
Los entretelones de la sanción de las leyes 5660 y 5665 dan toda la impresión de una puesta en escena con fines no del todo claros. Sugestivamente, la 5660 fue defendida en el recinto y votada por el diputado Rubén Rivarola, dueño de El Tribuno de Jujuy, diario que después descalificó impíamente la norma y reclamó correctivos al gobernador Walter Basilio Barrionuevo. Lo mismo hizo el diario Pregón con una dura editorial, pero Santiago Duhart (PJ) –diputado por el empresario periodístico Annuar Jorge- nada dijo sobre la amenaza a la libertad de expresión que supuestamente estaba implícita en la ley cuando el asunto se trató.
El proyecto que generó el conflicto había sido presentado por el legislador Manuel Soler (PJ), de la línea interna del senador Guillermo Jenefes, dueño de Radio Visión Jujuy.
Según pudo saber El Libertario, Barrionuevo ordenó al diputado Hugo Insausti (PJ) que elaborara agregados a la Ley 5660 para morigerar los efectos de las disposiciones y calmar los ánimos de los empresarios periodísticos que pusieron el grito en el cielo por una legislación claramente discriminatoria, al imponer a los medios que tienen pautas publicitarias oficiales exigencias en materia previsional que no se aplican a otros proveedores del Estado. El enmarañado texto de Insausti, que para su aplicación requerirá seguramente de varios abogados en la Dirección Provincial de Trabajo, no toca el problema de la discriminación y pone en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de utilizar un nuevo instrumento de presión sobre la prensa, lo cual está expresamente vedado en el artículo 31 de la Constitución provincial, que dice que a los fines de garantizar el derecho a la “Libertad de pensamiento, prensa y expresión”, quedan prohibidas “las subvenciones encubiertas o la publicidad condicionada que coarten por omisión o deformación de la verdad, la libre expresión de la noticia y el comentario”.
Para quienes descreen que se trate de una maniobra de los “compañeros” dirigida a poner en problemas a Barrionuevo, lo que sucedió en la Legislatura con esta cuestión es un coletazo de la interminable pelea entre el Kirchnerismo y los medios. El Sindicato de Prensa de Jujuy, que promovió la sanción de la Ley 5660, está adherido a la FATPREN, organización gremial alineada con el poder K.
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