RIO DE JANEIRO.- La contraofensiva está en marcha. Tras acusar el recibo que supuso anteanoche la inesperada decisión del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de aceptar el pedido de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, el gobierno brasileño empezó a desplegar ayer una amplia estrategia para evitar la destitución de la jefa de Estado, que incluye movilizaciones en la calle y presentaciones ante la justicia.

"Estoy indignado con lo que están haciendo con el país. Cunha sólo está pensando en él; no piensa en el país, en la economía. Brasil no merece esto, no es sano. Nose puede permitir que esta locura provocada por Cunha prosiga; hay que resolverlo inmediatamente", exhortó el líder máximo del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva, antecesor de Rousseff.

Fue la señal que la militancia del PT esperaba: de la mano de sindicatos y movimientos sociales, empezó a preparar manifestaciones callejeras para hacerse sentir con fuerza.

Ya anteanoche las redes sociales habían estallado en una guerra virtual de acusaciones de "golpista" contra el presidente de la Cámara de Diputados, y el hashtag #foracunha (fuera Cunha) se apoderó de las cuentas de Twitter petistas. En tanto, en San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia, pequeños grupos a favor del impeachment salieron a festejar aunque reconocieron la falta de legitimidad del desprestigiado Cunha.

A la cabeza de la operación defensiva del gobierno, el propio Lula calificó la movida del controvertido político como "irresponsable y un acto de venganza" ante su probable remoción de la Cámara de Diputados por medio del Consejo de Ética de ese cuerpo.

Acusado por la Procuraduría General de la República de beneficiarse de sobornos de la red de corrupción en Petrobras y de haber ocultado unos cinco millones de dólares en cuentas suizas, Cunha se negó a dejar su puesto y anteayer utilizó su carta más valiosa poco antes de que el Consejo de Ética se dispusiera a aprobar su sanción (la votación ahora sería el próximo martes).

Antes, sin embargo, Cunha mantuvo oscuras negociaciones con el gobierno en un intento por llegar a un acuerdo: él no avanzaría con el proceso de juicio político -prerrogativa que tiene por su cargo- a cambio de que el PT influyera sobre sus diputados en el Consejo de Ética para que votaran a favor de su absolución.

Aunque Cunha pertenece a la principal fuerza aliada del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuando surgieron las denuncias en su contra se volvió el enemigo número uno del gobierno, al que acusa de tramar para quitarle poder. En ese contexto, las últimas conversaciones entre el presidente de Diputados y los representantes del Palacio del Planalto adquirieron tono de amenaza.

Un grupo de legisladores petistas acudió ayer al Supremo Tribunal Federal (STF) para anular la medida de Cunha, bajo el razonamiento que actuó en represalia y abusando de su cargo, y no porque los "crímenes de responsabilidad fiscal" de los que se acusa a Dilma sean graves.

"El acto no busca una finalidad pública sino su interés personal. Está usando su cargo primero para promover su defensa en el Consejo de Ética, inclusive obstaculizando su funcionamiento. Y usa el impeachment para desviar la atención de la opinión pública", se quejó el diputado Wadih Damous.

Si por un lado los parlamentarios oficialistas buscan frenar completamente el avance del proceso de juicio político contra Dilma, por otro desde la cúpula del gobierno se preparan para enfrentarlo de lleno. Se trata de acelerar el proceso para superarlo cuanto antes y dedicarse a implementar una agenda positiva que logre sacar al país de la recesión. Fueron el jefe de Gabinete, Jaques Wagner, y el ministro Ricardo Berzoini, de la Secretaría de Gobierno, quienes instruyeron a los líderes políticos de la base aliada a actuar con celeridad.

"No podíamos seguir trabajando todo el tiempo con amenazas y chantajes de que le darían inicio al juicio político", apuntó Wagner luego de evaluar que el tiempo -por la degradación de la economía y las eventuales nuevas revelaciones en las investigaciones del escándalo del petrolão- corre contra el gobierno.

Asimismo, existe la creencia de que el oficialismo cuenta con los respaldos suficientes en el Congreso para descarrilar el impeachment, así como sucedió en 1999 con el proceso iniciado contra el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.

Según las reglas, Cunha ayer notificó al plenario de la Cámara su decisión, y se conformó una comisión especial de 65 miembros para evaluar los méritos del proceso. Ya en la Cámara se requerirán de dos tercios de los votos para que se de por iniciado efectivamente el procesamiento. De ser aprobado el impeachment, Dilma sería apartada de su cargo por 180 días y asumiría provisoriamente el poder el vicepresidente Michel Temer.

El caso pasaría al Senado y de nuevo se requerirá el voto de dos tercios para encontrar a la presidenta culpable. Si así fuera, Dilma sería destituida y Temer sería el encargado de completar el resto de su mandato.

No obstante su compromiso con el gobierno, Temer es visto con desconfianza por algunos ministros. A sus oídos llegaron versiones de que el vicepresidente ya está en campaña para suceder a Dilma con llamados a líderes de la oposición y empresarios para asegurarse un amplio respaldo si le tocara ocupar el Palacio del Planalto.