La decisión de Oyarbide será apelada por los defensores de Jaime y Vázquez en un intento de evitar que la información -que puso al descubierto un entramado de coimas, compra de materialaa ferroviario y trenes, aportes de campaña, evasión impositiva, compras de aviones, barcos, departamentos y otros negocios- complique no sólo al ex secretario sino a empresarios del área de Transporte y a otros funcionarios del kirchnerismo.

Jaime y Vázquez pidieron que sean declarado s nulos los mails porque los peritos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA advirtieron que se podría haber roto “la cadena de custodia” porque no estaba sellada la fuente de alimentación de alguna de las computadoras. Oyarbide garantizó que las computadoras estuvieran resguardadas a pesar de que no tenían franjadas las fuentes de energía. Se pudo comprobar que la última vez que alguien había accedido a las computadoras fue en la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal que hizo un peritaje anterior al realizado en la Universidad de Buenos Aires. Mientras que los policías federales no pudieron hallar casi nada en las computadoras, los técnicos de la UBA buscaron más profundamente y consiguieron descubrir más de 20 mil mails y cientos de fotos, facturas y archivos de Word que mostraron lo que se tejía en las sombras de la secretaría de Transporte.

El fiscal del caso Jaime, Carlos Rívolo se había opuesto, a principios de noviembre, al planteo de nulidad de Jaime y Vázquez. Desde entonces se tomaron declaraciones testimoniales para determinar si hubo alguna posibilidad de que alguien haya ingresado material en las computadoras. En su resolución Oyarbide aseguró que se cumplió “ en todo momento con la preservación del contenido de las computadoras oportunamente secuestradas, asegurándose el Tribunal que el contenido d e las mismas no se altere, ya sea por circunstancias naturales o artificiales, individualizándose las mismas, previa certificación de las computadoras, de manera que no se produjo combinación o confusión con otros elementos” En la información hallada en las computadoras, que fue revelada por Clarín , quedó al descubierto cómo fue el entramado para comprar el avión Lear Jet de 4 millones de dólares que Jaime usaba como si fuera propio. También se develó que se pagaron comisiones altísimas a la empresa del propio Vázquez. Los mails intercambiados entre Vázquez y su socio español, Miguel Angel Lorente, hablaban de “costos políticos” pagados tanto en España como en Argentina. La segura apelación deberá ser resuelta por la Sala I de la Cámara Federal.

A juicio oral por el robo de tarjetas personales

Ricardo Jaime estrenará el banquillo de los acusados en Córdoba. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes, aceptó el pedido de elevación a juicio en contra del ex funcionario por “sustracción de objetos destinados a pruebas en grado de tentativa”, un delito que contempla una pena de entre 15 días a 2 años y medio de prisión.

A Jaime, —según la fiscal Graciela López de Filoñuk— se lo acusa de haber intentado hacer desaparecer una veintena de tarjetas personales donde figuraba su nombre como “Director Ejecutivo” de Cerro Motos, una empresa en la que hasta el año 2008 trabajó Santiago De Vido, hijo del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Fue el 7 de junio de este año en la casa que tiene Julieta Jaime, su hija, en Villa Carlos Paz. Allí el ex funcionario intentó esconder las tarjetas de color negro. Pero, al ser advertido por la policía las dejó sobre un escritorio y luego fue denunciado.

Ni bien el juez le avisó al abogado defensor de Jaime -Marcelo Brito- sobre la solicitud de la fiscal Filoñuk, la defensa se opuso férreamente: “El representante de Jaime esgrimió errores de tipos formales en el procedimiento, pero las pruebas recogidas son sustanciosas”, detallaron a Clarín fuentes judiciales.

Antecedentes

El mes pasado, Clarín reveló que la Justicia descubrió más de 26.000 mails en las computadoras del ex asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez.

Los mails revelaban cómo Vázquez a través de su consultora cobró comisiones a LAN Chile, Alstom de Brasil, las empresas de trenes estatales de España y Portugal y otras relacionados con contratos manejados por la secretaria de Transporte.

Además, comprobaban cómo Jaime supervisó la compra del avión Lear Jet de 4 millones de dólares que usó en los últimos meses de su gestión antes de renunciar en julio del 2009.