Los acusados asistieron ayer a la Ciudad Judicial de Santa Rosa, junto a sus abogados defensores para oficializar el acuerdo. El fiscal, en tanto, no participó de la audiencia. La causa lleva siete años de tramitación y es un desprendimiento de la investigación por el presunto enriquecimiento del ex ministro de Bienestar Social, Santiago "Patucho" Alvarez.

El ex funcionario acordó una multa de 7.749 pesos -60 por ciento del valor sustraído- y una reparación por el perjuicio al Estado de 4.766 pesos por el delito de peculado (sustracción de fondos públicos) culposo en tres oportunidades. "Patucho" Alvarez -que está retirado de la administración pública, y se dedica "a estudiar", según dijo- es defendido por el abogado Francisco Marull y también tiene pendiente un juicio por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora, se hizo cargo de tres casos de peculado.

Por otro lado, la ex ministra de Bienestar Social y ex diputada, Marta Elena Cardoso -que según dijo ahora escribe libros para niños-, por el delito de peculado culposo en nueve casos ofreció pagar una multa de 19.242 pesos y de 12.828 pesos de reparación. La ex funcionaria es defendida por Silvia Braun.

A su vez, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Bienestar Social, Sergio Enrique Samper -dedicado a la actividad agropecuaria en la actualidad-, acordó pagar 3.768 pesos y 2.512 pesos de reparación al reconocerse responsable de peculado culposo en cuatro hechos. Es defendido por Vanesa Ranocchia Ongaro.

En los casos de Alvarez, Cardoso y Samper, el fiscal Amado consideró que ellos como funcionarios no podían desde sus oficinas del MBS conocer todo lo que firmaban. Por esta situación, calificó sus actitudes como culposas, o sea que no tuvieron intención. Peculado doloso era una calificación más dura, y fue desestimada.

Prisión.

Por otra parte, la ex subdirectora de Promoción y Asistencia a la Comunidad y ex diputada provincial, Elsa Esther Labegorra -que ahora se dedica a la pintura artística-, acordó una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 129.950 pesos por el delito de peculado doloso en 64 oportunidades. Ayer, se presentó junto a Martín Ongaro.

Maria Cristina Hidalgo, defendida también por Marull, ex directora de la Familia y el Menor, también acordó una pena con el fiscal Amado. En su caso, la misma es de dos años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa que asciende a los 24.112 pesos. Es por unos 17 casos de peculado doloso.

El dueño de la agencia de viajes Swiss Travel, Luis Oscar "Popo" Alonso, que tiene como abogada a Mariela Anechini, arregló una condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de peculado doloso en la totalidad de los viajes realizados: 73. Además, una multa de 147.587 pesos.

A través de esta investigación, que tiene un tiempo considerable en curso, se intenta saber si entre los años 1998 y 2002 se abonaron pero no se hicieron esa cantidad de viajes sociales que el Ministerio de Bienestar Social derivó en la agencia Swiss Travel, que llamativamente no poseía vehículos. Supuestamente, los traslados eran para chicos, ancianos y discapacitados del programa Pro-Vida. Los peculados fueron entendidos como hechos independientes.

Si prospera el acuerdo, el único que se salvaría completamente es Nelson Teves, también defendido por García Ongaro. Es que el ex jefe de despacho de la Subsecretaría de Promoción arregló la absolución por el delito de usurpación de autoridad y defraudación agravada contra la administración pública. El fiscal Amado argumentó que "no hay pruebas para condenarlo".

A partir de ayer, comenzaron a correr los 15 días hábiles que tienen los jueces de la Cámara en lo Criminal 1, conformada por Elvira Rosetti, Carlos Bessi y Miguel Angel Gavazza, para aceptar o rechazar el acuerdo planteado entre los abogados defensores de los siete imputados y el fiscal Amado.

¿Qué pasa con el juicio?

Con el acuerdo que encontraron la fiscalía y los siete imputados en la causa de los "viajes fantasmas", el juicio oral y público que debía comenzar el próximo martes por el mismo expediente quedó postergado por tercera vez. Es que primero deben decidir los tres jueces de la Cámara en lo Criminal 1 la suerte del arreglo. En caso de aceptarlo, los ex funcionarios marinistas podrán eludir el debate.