Díaz es el ex secretario de Gobierno de Victorica, que en 2002 fue condenado junto al intendente justicialista, Máximo Eduardo Guzmán, por el fraude que cometieron con dineros públicos del Programa de Entrenamiento Ocupacional. En un primer momento le dieron cuatro años de prisión efectiva, pero la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa resolución, redujo la pena a tres años y la dejó en suspenso. Así le permitió eludir la cárcel.El síndico del concurso preventivo de acreedores de Tito Construcciones -aunque la carátula del expediente judicial es "Torres, Héctor Armando y otros"-, Jorge Mario López Lavoine, le entregó un informe al juez de ejecución, Evelio Santamarina, donde remarcó que los propietarios de la firma "asumieron obligaciones que no serían posibles de satisfacer con el esquema de ingresos que disponían".

Al referirse al porqué se llegó a esta situación de insolvencia, admitió que pudieron influir los factores externos descriptos por la concursada -inflación y atraso en el cobro de certificados de obras vencidos y redeterminaciones de precios-, aunque dujo que "fundamentalmente se presume responsabilidad de los administradores, por problemas no resueltos dadas las pocas herramientas contables utilizadas". De hecho, el síndico dijo que Tito Construcciones "no llevaba una contabilidad".

Santamarina avaló el trabajo de López Lavoine y dio por probado que el pasivo verificado y/o admisible es de 2.725.480 pesos. Como el activo de la empresa es de 2.991.891, el de Torres de 1.288.500 y el de Díaz de 1.623.000, el resultado final da un activo total de 6.003.391 pesos. Por lo tanto si a ese activo se le restase el pasivo, el patrimonio neto de Torres y Díaz daría un saldo favorable de 3.277.914. Eso quiere decir que aún pagando toda la deuda, a ellos le quedarían más de tres millones de pesos.

Tito Construcciones había declarado una deuda mayor, pero ningún acreedor se presentó a verificar un extra de 637.026 pesos. En ese grupo, figuraban como principales acreedores Juan Díaz (240.000 pesos) y Ricardo De la Nava (148.000) y el gremio de la construcción, Uocra (105.169).

Una casa de un millón.

Al detallar el activo de Tito Construcciones, Torrez y Díaz llegaron a los 2.991.891 pesos sumando certificados vencidos por 265.000 pesos, redeterminaciones de precios por 1.650.000 (1.500.000 por 196 viviendas del Programa de Mejoramiento Barrial en Santa Rosa y 150.000 por 36 casas en General Pico), obras en ejecución por 1.031.51 (450.000 por las viviendas en Santa Rosa y 581.591 por el salón de usos múltiples de Luan Toro) y material en depósito por 45.300. También dijeron que la sociedad no tenía un centavo en los bancos.

Con relación a los activos personales, Torrez afirmó que posee dos inmuebles por 935.500 pesos, una camioneta Hilux modelo 2009 por 145.000, una camioneta Ford modelo 93 por 70.000 y bienes de uso por 238.000. Total: 1.388.500 pesos.

Díaz dijo que tiene una propiedad de 160 metros cuadrados que valuó en un millón de pesos (a 6.250 pesos el metro cuadrado), un terreno por 160.000, una Hilux 2009 por 135.000, un Ford Fiesta 2009 por 50.000, la mitad de un Aveo por 30.000 y bienes de uso por 238.000. Total: 1.623.000 pesos.

La constructora fue creada el 31 de diciembre de 2009 "como continuidad de la empresa Constructora Tito", propiedad exclusiva de Torrez, y de acuerdo a sus dueños se dedicaba al "desarrollo de la obra pública".

Sin embargo, sus incumplimientos fueron reiterados. El gobierno provincial le rescindió los contratos de obra por la construcción de 17 viviendas en Alpachiri y las ampliaciones de la Seccional Quinta de Toay y de la Escuela "Presidente Perón", en Luan Toro. Además, por varias irregularidades, también se quedó sin el contrato de las 111 casas de Villa Germinal, que formaban parte del programa federal "Mejor Vivir", un complemento del Promeba.

Tres clases de acreedores.

Con relación a los acreedores, el tribunal dispuso el 4 de marzo que tengan privilegio especial -o sea que serán los primeros en cobrar- el Banco de La Pampa (147.216 pesos), la Asociación Mutual Socios de Ferro de General Pico (51.525) y la Dirección General de Rentas (37.884). En un segundo escalón, como acreedores privilegiados generales, aparecen la Administración Federal de Ingresos Públicos (200.577), la Municipalidad de Alpachiri (47.340) y la DGR (716).

Más atrás fueron incluidos los deudores quirografarios o comunes. En ese listando, entre quienes deberían cobrar más de cien mil pesos, están: Rubén Enrique Dadam (239.707 pesos), Forestal Pico S.A. (226.754), Marina Graciela Entisne (182.090), Luis Alberto Galcerán, ex diputado provincial del PJ (177.480), AFIP (155.143), Sergio Fabián Desimano (127.720), Lía Aurora Mendaña (123.110), Ricardo Daniel Corcuera, futbolista de Independiente de Doblas (122.865), Alicia Gallego (119.764), y Aisplac SRL (113.134).

Hubo dos acreedores que se presentaron para tratar de percibir supuestas deudas, pero el juez respondió que eran inadmisibles: Claudio Raúl Saravia, por 40.000 pesos, y Ramón Baigorria, por 23.000.

En la mira de la justicia

Torrez y Díaz están en la mira de la justicia penal después de que el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, presentara en diciembre una denuncia para que se investiguen las irregularidades que se habrían cometido en el Programa de Mejoramiento Barrial en Villa Germinal y Zona Norte. La denuncia abarca a todos los responsables del programa nacional en la provincia, a los inspectores técnicos, a dos funcionarios del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) y a los dueños de las empresas Tito Construcciones y Ulima, encargadas de refaccionar las viviendas.