Por: Nicolás Lantos.

La Argentina tiene dos destinos ante sí y el magnicidio fallido contra Cristina Fernández de Kirchner nos sirve como recordatorio de que hay poco tiempo por delante para tomar el camino correcto. Las pericias determinarán el motivo por el cual no hubo disparo después de que Fernando Sabag Montiel gatillara un arma en perfecto estado de funcionamiento cargada con balas de plomo a pocos centímetros del rostro de la vicepresidenta. Más allá del resultado, sobran los motivos para que las personas con fe hablen de un milagro. Otros, más cómodos con la idea del azar, podemos definir ese golpe de fortuna como sacar un pleno en la lotería cósmica.

Le digamos como querramos decirle, lo cierto es que la impericia del tirador o un detalle nimio en el mecanismo evitaron que el país ingrese en una nueva etapa de violencia inédita cuyo final es imposible de imaginar pero siempre desastroso. Los magnicidios han sido históricamente el preludio de guerras, revoluciones y períodos negrísimos; cuesta pensar en un desenlace distinto. Y acá está la Argentina, dilapidando su segunda, o enésima oportunidad. A 48 horas del ataque, pareciera que nada cambió. Y si nada cambió, lo que sucedió una vez, un hecho extremo de violencia política, puede volver a pasar. En cambio, los milagros ni los plenos de lotería suceden dos veces seguidas.

No existen, por ahora, elementos para considerar conspiraciones pero es incorrecto pensar en un loco suelto cuando existe un enorme dispositivo político, mediático, judicial y social que fue el caldo de cultivo en el que se gestó el impulso magnicida de Sabag Montiel. Como se repitió muchas veces en estas horas, el límite no se cruzó el jueves sino que se había cruzado mucho antes: la bomba en una unidad básica de Bahía Blanca o el disparo con arma de fuego al diputado correntino Miguel Arias no tuvieron una censura unánime de la dirigencia política ni fueron resueltos de forma satisfactoria y ejemplar por el Poder Judicial al que la oposición sugiere encomendarse. 

El presidente @alferdez saldrá en cadena nacional luego del intento de asesinato de la vicepresidenta #AtentadoACFK pic.twitter.com/DJhZXXDT8U

— El Destape Radio (@eldestape_radio) September 2, 2022

De la misma manera, la patética reacción opositora ante el acto de terrorismo más impactante desde el atentado a la AMIA, por lo menos, vuelve a correr esa línea un poco más allá. Por momentos parece que en la Argentina no se cruzan límites sino puntos de no retorno. Por eso parece irresponsable que el gobierno no haya hecho todo lo que tenía a mano para facilitar el trance a una oposición dispuesta a aferrarse a cualquier excusa con tal de no asumir su responsabilidad. Es cierto: en el ‘87 fue el opositor Antonio Cafiero quien se puso a disposición de Raúl Alfonsín durante el levantamiento militar. Tiene sentido: si triunfaba, a la dirigencia peronista le esperaba el exilio o algo peor.

Una similitud y una diferencia. Otra vez es el peronismo el que lleva las de perder si la situación se radicaliza; pero esta vez la oposición no está dispuesta a hacer lo que haya que hacer para defender la democracia y opera maliciosamente bajo la premisa de que puede sacar beneficios de una mayor inestabilidad. Para el oficialismo, no hay combinación más nociva que escalar la retórica sin actuar en consecuencia, porque da pie para justificar e intensificar la violencia sin hacer nada (ni siquiera algo equivocado) para combatirla. Por deber institucional y por instinto de preservación, deberá calibrar su discurso, algo que sólo parece haber entendido, hasta ahora, la propia CFK.

Que las responsabilidades no sean exclusivas no quiere decir que sean simétricas, porque no lo son, de la misma manera que no es unilateral pero tampoco simétrica la violencia política en la Argentina, ni ahora ni nunca. Ese argumento, que parece calcado de la teoría de los dos demonios, intenta justificar el atentado contra la vicepresidenta (¿tanto les piden?) por actos previos del propio peronismo y forma parte del discurso dominante en la oposición en estos días. No resiste un análisis, porque a lo largo de la historia, al igual que ahora, el uso de la violencia política en todas sus formas, fue desproporcionadamente en contra del peronismo y las clases populares.

Es decir: uno puede encontrar en el pasado un montón de ejemplos de momentos en los que el peronismo actuó de manera reñida con la convivencia democrática pero en cualquier caso empalidecen en comparación con el daño soportado: desde los bombardeos a Plaza de Mayo y los fusilamientos a la resistencia hasta el plan de exterminio de la última dictadura, no existe parangón que permita defender una comparación. De la misma manera que los exabruptos y las canalladas cometidas en nombre del peronismo en los últimos años no tienen nada que ver con la persecución y el hostigamiento que recae ahora sobre Fernández de Kirchner. No es lo mismo.

Una vez que se llegó a este punto no existen las salidas sencillas. Hay que decirlo sencillo para que no quede lugar a la interpretación resbaladiza: a esta altura del partido la única forma de evitar un derramamiento de sangre en la Argentina es pacificar. No hay forma de llegar a una solución si no se reconstruye una cosa pública en común entre dos placas tectónicas destinadas a separarse cada vez más, abriendo un abismo entre ellas. Es necesario construir un ámbito público de intercambio del que puedan participar todos los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, el Poder Judicial y los medios de comunicación con la sola condición de trabajar para evitar la violencia.

Eso suena difícil pero es la primera mitad y la más sencilla del problema. Sucede que ese ecosistema de poder ha demostrado hasta ahora una profunda incapacidad de autorregularse, por lo que no alcanza con propiciar las condiciones para el intercambio sino que el Estado debe, además, erigirse en árbitro de lo que allí se decida. Y para eso necesita construir una autoridad que hoy no existe. Alguien que mira el vaso medio vacío puede reparar en la paradoja: un gobierno que necesita pacificar al país para reconstruir su autoridad y reconstruir su autoridad para pacificar al país. Alguien que ve el vaso medio lleno, o que no le queda otra, puede reparar en que la pacificación del país quizás sea ese sendero virtuoso que estaba buscando el peronismo para salir del pantano.

Dos condiciones necesarias para encarrilar en ese camino. La primera es un acuerdo que incluya, al menos parcialmente, a un sector de la derecha y del establishment, para romper la narrativa centrífuga imperante, que beneficia a los marginales y premia a los extremos. Es lo que permitió el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos y también la alianza que construyó Lula en Brasil para competir este año. La presencia de algunos empresarios en la reunión del viernes en la Casa Rosada puede abrir un canal de diálogo. Tienen mucho que perder si el país cae en una espiral de violencia. La interna del PRO con sus socios exhibida el sábado en el Congreso es otra rendija para entrar.

La segunda condición es que la sociedad empiece a percibir resultados. Si no, es muy difícil. El año que viene se cumplen cuarenta años desde 1983 y veinte años desde el 2003. No sirve de nada enojarse con los que asocian sus penurias con la democracia o con el kirchnerismo, aunque estén equivocados. Tener razón no sirve para ganar elecciones ni para detener baños de sangre. A esta altura del partido, después de varios años de economía rota y crisis recurrente, la demanda es de tranquilidad y plata en el bolsillo. O, como diría Sergio Massa si no estuviera silbando bajito, “sin estabilidad macro no hay paz social y sin paz social no hay estabilidad macro”.

No existen recetas mágicas así que nada menos que eso va a funcionar. Menos que menos el punitivismo estúpido que suele surgir como primera reacción después de una tragedia y deja siempre detrás de sí una huella de más violencia: de esto no se salva la derecha ni la izquierda. Prohibir discursos y aumentar penas no sirve y solamente legitima herramientas que, cuando llegue el momento, el fascismo que está haciendo metástasis en la sociedad occidental va a usar en contra nuestro con una efectividad y una brutalidad que no alcanzamos a sospechar. Si no se puede convencer a un tercio del país de que está mal dispararle a la vicepresidenta, el problema no se resuelve con una ley.

La Argentina tiene dos destinos ante sí. El segundo es más difícil pero vale la pena intentarlo. Esto es lo que deberían entender políticos, empresarios, comunicadores, sindicalistas, jueces e influencers. Si el atentado contra CFK marcara el punto final de esta etapa; si la clase dirigente tuviera la capacidad de transformar ese momento en la oportunidad de renovar el pacto de que nunca más la violencia política sea una herramienta de poder en este país; si en lugar de chicanas y tibios repudios en las redes sociales hubiera un verdadero acto de constricción y un compromiso real con la democracia, el país tiene un futuro inmenso de paz y prosperidad.

El acuerdo histórico entre YPF y la empresa malaya Petronas, que permite proyectar un horizonte en el que se duplique en pocos años la capacidad exportadora, no solamente tiene una importancia capital en términos económicos sino que abre la puerta de una opción geopolítica que el país debe explorar ante la creciente polarización entre China y Estados Unidos: la de asociarse a otros de tamaño mediano y grande y peso relativo alto en el concierto de naciones que tengan el mismo interés que la Argentina en mantener la buenas relaciones con las dos potencias en conflicto. La reciente visita oficial del canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar, también corre en ese sentido.

En el gobierno creen que el modelo de la asociación con la gigante petrolera, que le deja a YPF, una empresa privada en manos del Estado argentino, el 51 por ciento de la titularidad de la explotación, puede replicarse para activar otros proyectos de utilización de recursos naturales estratégicos como el litio, el petróleo offshore y las energías renovables, como una vía a mitad de camino entre la nacionalización, que ha demostrado ser subóptima en términos de eficiencia, y la privatización boba que deja al país sin el commodity ni los beneficios de extracción. Si pudiera aplicarse con éxito sería la llave para dejar atrás para siempre el loop de crisis recurrentes del sector externo.

En los próximos años se va a determinar la arquitectura legal de esos proyectos, las condiciones en las que van a extraerse los recursos durante décadas. Se va a definir si todos los argentinos van a ser socios de esa riqueza (a través, por ejemplo, de una renta universal financiada por las regalías de la explotación) o si será un negocio para los pocos mismos de siempre. Si las comunidades van a verse beneficiada por la generación de valor agregado y los riesgos ambientales van a trabajarse con profesionalismo o si los inversores van a llevarse todo y dejar atrás la desolación. Lo primero sólo puede lograrse en paz y con consensos básicos. La otra opción es más desigualdad, más violencia.

Cuando hablamos de consensos debemos hablar de las condiciones para que el país entre en un sendero productivo y vuelva a existir la esperanza de que mañana vamos a estar mejor y que nuestros hijos van a tener una vida mejor que la nuestra. Sin eso, tampoco puede haber democracia, o mejor dicho, sin eso, ¿por qué querríamos una democracia? Ahí está la pregunta que la sociedad argentina debe exigirle a sus dirigentes que contesten. Es algo básico pero hoy, a dos días de que alguien gatilló dos veces a centímetros de la cabeza de CFK, no tiene respuesta. A los tiros no hay futuro para nadie, pero mucho menos para los peronistas. La Argentina tiene dos destinos ante sí. Hay que actuar ya.