Desde hace más de dos años la Argentina no tiene defensor del Pueblo. La demora es responsabilidad del Congreso de la Nación, que tiene la facultad de designarlo, pero está asociada a la decisión del Poder Ejecutivo de mantener vacante el cargo ante la imposibilidad de imponer un candidato sin el consenso de la oposición.

Así lo admitió el jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Pichetto (Río Negro), quien reconoció que es la actual paridad de fuerzas en el Parlamento lo que mantiene congelado el nombramiento."El equilibrio actual que se da en el Congreso de la Nación determina una situación de bloqueo que no hace posible una nueva designación", afirmó, en diálogo con LA NACION.

Para que no quedaran dudas, Pichetto aseguró que la elección de un nuevo defensor del Pueblo "será posible luego de la elección presidencial y la constitución de la nueva composición parlamentaria".

Desde la oposición, el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) se quejó. "Esto demuestra que al Gobierno lo que no le gusta son los controles", sentenció, y equiparó el caso del defensor del Pueblo con los límites impuestos por el kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación y las maniobras para controlar el Consejo de la Magistratura.

La Defensoría del Pueblo de la Nación es un organismo autárquico e independiente que cumple un rol clave en la protección de derechos y garantías ante los excesos y abusos de poder, tanto del Estado como del sector privado.

El cargo quedó vacante el 6 de abril de 2009. Ese día, Eduardo Mondino, que estaba a punto de concluir su segundo mandato de cinco años, renunció para postularse a senador nacional en su provincia. Unos meses antes, había tenido un papel más que protagónico en el impulso de la investigación por la denominada "embajada paralela" en Venezuela.

"La defensoría requeriría estar normalizada", opinó el cordobés ante una consulta de LA NACION. No obstante, admitió que se trata de un cargo que "requiere un consenso difícil de alcanzar en un Parlamento en el que en estos últimos dos años ha primado la confrontación".

Desde la renuncia, ni el kirchnerismo ni la oposición movieron los mecanismos para cubrir la vacancia del ombudsman, figura tomada del derecho constitucional sueco. En el oficialismo niegan incluso que exista esa vacante. "No es cierto que desde hace dos años no haya defensor del Pueblo. No está vacante el cargo. Al contrario, el doctor Anselmo Sella, como adjunto, ha quedado a cargo y viene desempeñando la función de manera positiva", dijo Pichetto.

Además de Sella, la Defensoría del Pueblo cuenta con un segundo defensor adjunto, el radical Juan Mínguez.

Comisión cerrada

Sin embargo, el oficialismo hizo todo para evitar la designación de un reemplazante de Mondino. En este plan fue clave la senadora Roxana Latorre (Santa Fe), que mantuvo cerrada la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, que tiene a su cargo el proceso de designación, durante los dos años que la presidió (2009-2010). Tras conseguir su reelección por seis años, en junio de 2009, esta senadora dejó su discurso opositor de lado y pasó a apoyar al gobierno de Cristina Kirchner.

Desde diciembre del año pasado la comisión la preside el senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa), quien la reactivó. "Cuando tengamos quórum el paso siguiente será decidir cuándo se elige al nuevo defensor del Pueblo", anticipó a LA NACION. La tarea no parece sencilla en un año electoral, con los legisladores preocupados más por su futuro político que por la actividad parlamentaria.

En el oficialismo ya anticipan que no abrirán las negociaciones hasta después de las elecciones presidenciales. "Hoy, ningún sector está en condiciones de prevalecer sobre el otro y decidir una designación", sentenció Pichetto.