RIO DE JANEIRO.- Después de una semana convulsionada, en la que el Congreso creó una comisión de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y ésta nombró al ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva como su jefe de gabinete para protegerlo de las investigaciones de corrupción, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) pretendía demostrar ayer su fuerza y resistencia a la crisis que atraviesa con una masiva movilización. Pero quedó claro que, muy desgastado tras 13 años en el poder, ya no domina las calles.

Y, para colmo de males, anoche un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió la toma de posesión de Lula como ministro, que había quedado envuelta en una serie de medidas cautelares desde la ceremonia en el Palacio del Planalto anteayer. El magistrado Gilmar Mendes también decidió que las investigaciones sobre Lula queden en manos del juez federal Sergio Moro, en Curitiba, quien lleva el caso del esquema de sobornos enquistado en Petrobras. El gobierno de Rousseff podrá apelar al plenario del STF, pero la medida significó un nuevo revés para la jaqueada presidenta.

Más temprano, apoyados por su órbita de otros partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales, los petistas habían convocado a marchas en todo el país en defensa del gobierno de Rousseff y de la designación de Lula como ministro, una medida que dos días antes despertó la ira espontánea de la población. Hubo actos en unas 35 ciudades, pero el mayor de ellos, al que acudió el ex presidente, fue en San Pablo, donde, según los organizadores, hubo unas 250.000 personas y para la policía 80.000. En todo el país, el cálculo petista apuntaba a 1,2 millones de simpatizantes.

La concurrencia fue notoriamente menor a los 3,6 millones de brasileños que el domingo último tomaron las calles para pedir la salida de Rousseff del poder y expresar su rechazo a Lula y el escándalo del petrolão que mancha al PT.

Agitando banderas rojas petistas, la gente recibió a Lula en la avenida Paulista con una ovación. A nadie allí pareció importarle la polémica en torno a la idea -respaldada en escuchas telefónicas ordenadas por Moro- de que Rousseff había invitado a Lula al gobierno para ofrecer un escudo legal frente a las sospechas de que se habría beneficiado del esquema de sobornos del petrolão. Y el ex mandatario evitó referirse a esas acusaciones o a las denuncias en su contra.

"Entré para ayudar a la presidenta Dilma, porque necesitamos restablecer la paz y la esperanza, y demostrar que este país es más grande que cualquier cosa en el planeta Tierra", afirmó Lula ensayando el tono de discurso de mitin político que espera poder expresar para la campaña presidencial de 2018.

En su alocución, el líder del PT osciló todo el tiempo entre ofrecerse como elemento de unidad para un país en crisis, en medio de una profunda recesión económica, y en agitar la polarización política.

"Ellos visten de verde y amarillo para decir que son más brasileños que nosotros. Ellos no lo son", dijo en referencia a los opositores que se movilizaron el domingo. "No le están permitiendo gobernar a la presidenta Dilma", denunció en medio de aplausos y vivas de sus simpatizantes; miembros de sindicatos, como la Central Única de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), y los grupos Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST).

En tanto, durante un acto en Feira de Santana, Bahía, uno de los bastiones petistas, Rousseff volvió a criticar con dureza la divulgación de las intercepciones telefónicas entre Lula y ella.

"En muchos lugares del mundo, quien pincha las llamadas de un presidente va preso si no tienen autorización de la Corte Suprema", afirmó y reiteró que hay sectores políticos y económicos que buscan llevar al país a un "estado de excepción".

El asunto fue comentado por el juez más antiguo del STF, Celso de Mello, quien aseguró que la Corte no da un trato especial a los más poderosos y defendió las escuchas.

"Los delincuentes serán castigados independientemente de la posición que ocupen. Actos delictivos cometidos a la sombra del poder jamás serán tolerados, y quienes los hayan practicado, estén o no en los altos cargos gubernamentales, serán castigados", afirmó.

Por su parte, en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dio envión a la Comisión de Juicio Político creada la víspera para dar su parecer sobre los méritos de iniciar un proceso de impeachment contra Rousseff.

Cunha anunció que la comisión celebrará sesiones de lunes a viernes y no sólo de miércoles a jueves, como es tradicional, para acelerar una decisión en torno del futuro de la jefa de Estado, que se espera sea concretada entre fines de abril y mayo..

Una dirigencia polarizada

La crisis política dividió aguas en Brasil entre quienes quieren que siga Dilma y quienes no

A favor

Renan Calheiros

Presidente del senado

El senador del PSDB tiene una posición de cautela. Pidió "prudencia" y "equilibrio" frente al impeachment

Rui Falcao

Presidente del PT

Defendió a Lula como el "ministro de la esperanza" y llamó a salir a las calles contra la "escalada golpista"

Vagner Freitas

Presidente de la Central Única de Trabajadores

"Con la presencia de Lula, el gobierno va a girar radicalmente a la izquierda"

Joao Stedile

Director del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra

"Crearon un comando especial con el Poder Judicial y fiscales para atentar contra el Estado"

En contra

Aécio Neves

Presidente del PSDB

"Este gobierno ya fue. No tienen las condiciones políticas ni morales para seguir gobernando Brasil"

Marina Silva

Ex candidata Presidencial Opositora

El impeachment "no es un golpe". "Este gobierno no cae porque no tiene dónde caer"

Paulo Skaf

Presidente de la Federación de Industrias de San Pablo

"Por mucho menos de lo que pasa aquí, muchos gobernantes renuncian o llegan a suicidarse"

Eduardo Cunha

Presidente de la cámara de diputados

El legislador del PMDB abrió anteayer una sesión plenaria para acelerar el juicio político a Dilma