El kirchnerismo no perdió tiempo para marcar la cancha. Pocas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto para derogar los llamados "superpoderes presupuestarios", desde el oficialismo advirtieron que, si la iniciativa pasa con éxito por el Senado, podría ser vetada por la presidenta Cristina Kirchner.

"Claro que lo recomendaría", se apuró a contestar la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria-Buenos Aires) cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto la iniciativa que ayer se sancionó en la Cámara baja con el apoyo de los bloques de la oposición.

Enseguida, argumentó en favor de la "necesidad" de sostener la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas del presupuesto sin autorización del Congreso.

"Es una medida de administración absolutamente necesaria. Lo que no se hace a través del Congreso, lo hace el Poder Ejecutivo a través de instrumentos constitucionales que luego van a la Comisión Permanente de de Trámite Legislativo, donde el Congreso interviene. Luego intervienen ambas camaras", señaló en declaraciones a radio Mega.

La diputada completó: "Los tiempos parlamentarios son distintos a los de la gestión ejecutiva. No tener [superpoderes] dificulta una buena administración. En todos los países del mundo el poder administrador tiene facultades para tomar decisiones per se que luego son revisadas por el Congreso.

De vuelta al Senado. El proyecto de derogación de superpoderes, que se aprobó ayer con 136 votos contra 90, fue apoyado por todos los bloques de la oposición y deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999.

Además, ratifica que cualquier modificación en el destino de una partida presupuestaria debe ser resuelta por el Poder Legislativo.

La iniciativa establece, además, que el Gobierno no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto ni tampoco usar, sin consentimiento parlamentario, recursos de otras fuentes de financiamiento, como el Banco Central o la Anses.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde en agosto del año pasado se aprobó, por impulso del oficialismo, una iniciativa que fija un tope del 5 por ciento a la reasignación de recursos del presupuesto. Esa propuesta, con la que insistió ayer el kirchnerismo en Diputados y que emula los límites que existen en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se rechazó en la Cámara baja. En el Senado, donde ni el oficialismo ni en la oposición cuentan, a priori, con los votos necesarios para imponerse.