Por Silvia Stang |

CÓRDOBA.- Los impuestos se llevaron más de la mitad de los recursos generados por el crecimiento de la actividad económica en la Argentina desde la salida del pozo en el que cayó en 2001 hasta 2011, un período en el que el producto bruto interno (PBI), medido en valores constantes, avanzó 95,4 por ciento.

Concretamente, de cada 100 pesos que creció el PBI, casi 52 quedaron para la administración pública. Es decir, para el financiamiento de un Estado cada vez más grande, que expande sus funciones, que paga millones para subsidiar a diferentes sectores -como la energía y el transporte- y que en los últimos años creó empleos a un ritmo bastante más elevado que el sector productivo privado.

El dato está incluido en un estudio elaborado por el Ieral, el instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea, que celebró en esta ciudad sus 35 años con una jornada de presentación de trabajos sobre la realidad fiscal y económica del país.

Una parte creciente del financiamiento al Estado se deriva de tributos considerados distorsivos y del llamado impuesto inflacionario; por eso, los economistas advierten acerca de los efectos negativos que puede tener sobre la inversión y el nivel de actividad el hecho de que la presión tributaria se haya elevado de 20,8 a 36,5% en la última década, medida como un porcentaje del PBI.

Más allá de ese posible impacto en la actividad económica, también hubo aquí llamados de atención por la "poca sustentabilidad" de un gasto público estimado en más del 45% del PBI, y cuya suba no se detiene.

Según afirmó el economista Marcelo Capello, presidente del Ieral, entre principios de la década pasada y este año, la parte del PBI representada por los impuestos del Estado nacional pasó de 17,4 a 30 por ciento. Las provincias, por su parte, elevaron la masa de los recursos que recaudan de 3,8 a 5,3% del producto nacional, aunque de todas maneras se hicieron más dependientes de las transferencias hechas por la administración central. El resto de la presión tributaria corresponde a los municipios.

El correlato de esos mayores recursos para el Estado aparece en el incremento del gasto público, que en la última década pasó de 29,2 a 47% del producto bruto, según el Ieral, si se consideran las cuentas tanto del Estado nacional como de las provincias y los municipios.

A ese avance contribuyeron las políticas de mayores prestaciones de carácter social y también las estatizaciones y la estrategia oficial de otorgar gigantescos subsidios para mantener congeladas las tarifas de servicios públicos, como ocurre en el caso del transporte, un sector donde, pese a las transferencias, la infraestructura sufre fuertes deterioros y las tragedias se suceden.

Esas políticas, más los desplazamientos de personal por cuestiones políticas dentro de organismos públicos, llevaron a un incremento del empleo público que resultó del 76% entre 2002 y 2012, período en el que la ocupación del sector privado avanzó un 70 por ciento.

En rigor, la brecha entre el alza del mercado laboral en uno y otro segmento se amplió a partir de 2008. Fue cuando comenzó a caer el empleo en la actividad privada (la caída se frenó unos meses después) y el Estado aceleró sus acciones para sostener la ocupación.

Capello apuntó que el proceso de mayor gasto público se dio a la par de un empeoramiento de la calidad de los ingresos fiscales. Detalló que los impuestos tradicionales -que hasta 2002 representaban 100% de la recaudación- aportan hoy 78,7 pesos de cada 100 que llegan al fisco, mientras que los que son considerados distorsivos -como el impuesto al cheque o las retenciones- cubren el 15,8 por ciento.

Correcciones

Al trazar su análisis de la realidad económica, el economista Orlando Ferreres señaló el alza del gasto público como una de las variables que la Argentina debería corregir. "El nivel, de 45% sobre el PBI, está muy por encima del que sería sustentable para el largo plazo, de un 28%", advirtió. Los otros aspectos sobre los que, según la visión de Ferreres, debería trabajarse, son la inflación y el tipo de cambio real (ver aparte) y las tarifas de los servicios públicos.

Sobre este punto, afirmó que si se comparan los precios de la Argentina con los promedios de la región, la distorsión llega a 300% promedio (considerando la electricidad, el transporte, el agua, entre otros), con un pico de 700% en el caso del gas. En este servicio, puntualizó, la tarifa local es, en promedio, un 22% del precio de referencia en una comparación regional e internacional.

Una comparación que, en cambio, deja a la Argentina en el primer puesto regional es la del crecimiento del gasto público. Como porcentaje del PBI, en nuestro país la variable avanzó 10,1 puntos, mientras que en Brasil el alza fue de 5 puntos y en el promedio de América latina, de 3 puntos, según comentó Capello sobre la base de datos de la Cepal. Ese crecimiento fue liderado por la Nación, que, a su vez, se queda con una porción más grande de los nuevos recursos generados en los últimos años. Hoy las provincias dependen en alrededor de un 14% de sus ingresos de transferencias de carácter discrecional, mientras que una década atrás esa tasa era inferior a la mitad..

Del editor: qué significa.

Los impuestos tienen un doble impacto para el ciudadano: carcomen sus ingresos y, como contrapartida, no vuelven en servicios eficientes.