El proyecto de ley, que fue aprobado por los senadores, generó gran resistencia en el ámbito judicial y también entre los legisladores opositores. Incluso, provocó que los diputados nacionales del Gen, Margarita Stolbizer, y el radical, Ricardo Alfonsín, se unieran para rechazarlo.

Desde el bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria -PJ, que preside Juan De Jesús y donde conviven kirchneristas y sciolistas, llegaron a la conclusión de que lo mejor es no tener en cuenta al polémico proyecto K en las dos últimas sesiones que tendrá la Cámara baja provincial previstas para el 13 y 20 próximos, según confiaron fuentes legislativas a Hoy.

El proyecto de ley propone reducir de de 18 a 17 la cantidad de consejeros, quitándole dos a los colegios de abogados y agrega uno para la defensoría, lo que habilitaría la mayoría oficialista para seleccionar jueces, fiscales y defensores oficiales. El kirchnerismo ya logró imponer una reforma similar en el Consejo de la Magistratura nacional.

Aunque, en el caso de la Provincia se sospecha que se trataría de una maniobra del titular del Senado, Gabriel Mariotto, para perjudicar a su archienemigo en el pago chico, Diego Molea, que preside el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Molea no sólo derrotó al candidato de Mariotto en el Colegio de Abogados local, sino que también es el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, de donde desplazó al vicegobernador.

Además de la reforma del Consejo de la Magistratura, la Cámara baja también desecharía (al menos este año) otro proyecto aprobado por el Senado e impulsado por los legisladores de la agrupación kirchnerista La Cámpora para crear una comisión contra la tortura en la cárceles. La iniciativa tiene muchos puntos en contra. En primer lugar, el gobernador Daniel Scioli se adelantó y creó por decreto una comisión interministerial y un consejo consultivo con el mismo objetivo. Además, esa función también la está llevando a cabo la Comisión Provincial por la Memoria.

Por otro lado, los legisladores de La Cámpora pretenden supervisar el sistema carcelario con una comisión de siete miembros, que no pertenezcan al gobierno provincial y que tengan inmunidad. Ese privilegio, cuyo otorgamiento está vedado por la Constitución provincial y que ni siquiera pueden tenerlo la mayor parte de los cargos electivos, les permitiría una peligrosa impunidad a los integrantes de esa comisión, teniendo en cuenta el antecedente del Vatayón Militante, una agrupación política kirchnerista organizada por La Cámpora a partir del reclutamiento de presos del sistema carcelario nacional.

En cambio, los diputados provinciales sancionarían la autonomía para la Defensa oficial dentro de la Procuración General de la Suprema Corte y las modificaciones para agilizar los procesos de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales. Además del proyecto del Ejecutivo provincial para instalar los juicios por jurado en la Provincia.