A pesar de la suspensión de su cargo de presidenta, Dilma Rousseff no se tomó ni un día de descanso. Convocó a los medios extranjeros -entre ellos LA NACION- a la residencia oficial del Palácio da Alvorada, convertida en su cuartel de la resistencia, donde afirmó que se defenderá del "golpe parlamentario", que viajará por el país -y tal vez al exterior- para explicar su posición frente al juicio político, y advirtió que el "ilegítimo" gobierno interino de Michel Temer podría usar métodos ilegales para preservar el poder.

Más descansada, relajada y hasta con señales de buen humor, Dilma estuvo acompañada en la sala de reuniones de la Alvorada por su principal defensor en todo este proceso, José Eduardo Cardozo, ex abogado general de la Unión y ex ministro de su gobierno. Insistió una y otra vez en que Temer conquistó el Palacio del Planalto a través de un impeachment fraudulento, que no tiene bases legales, sino políticas.

"Mi salida no es sólo una cuestión jurídica, es también política. Entonces tenemos que defendernos política y jurídicamente. Esa defensa se hará para toda la sociedad brasileña y pretendo ir cada vez que sea invitada a responder sobre las razones que llevaron a este proceso, con las que tengo una profunda discordancia", señaló.

Apuntó que viajará por todo Brasil y también por otros países si es invitada para sostener sus ideas. "Si considero que es adecuado, voy a viajar a cualquier lugar", dijo al ser consultada sobre una posible búsqueda de apoyos en la región y el mundo. Y no descartó incluso ir al Vaticano para reunirse con Francisco, que ha expresado su preocupación por la crisis política brasileña.

"Si el Papa me invita, iré. Tengo una inmensa admiración por el Papa", destacó sobre Jorge Bergoglio, con quien estuvo dos veces: durante su asunción como Pontífice, en marzo de 2013, y cuando Francisco fue a Brasil para participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en julio de aquel año.

A diferencia de lo que sucedió con Fernando Collor de Mello cuando fue suspendido de la presidencia en 1992, el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, le concedió a Dilma numerosos derechos de los que podrá gozar hasta que termine el juicio político. Además de la residencia de Alvorada, tendrá garantizado su transporte terrestre y aéreo (no para salir al exterior, sin embargo, que deberá pagar por cuenta propia) con medios oficiales, asistencia médica, un equipo de 15 asesores personales, y el total de su sueldo de 8800 dólares.

Confianza

"Lucharemos por volver", advirtió Dilma, confiada en que la administración de Temer se desgastará rápido y ella superará el juicio final. De todos modos, alertó: "Un gobierno ilegítimo siempre necesita mecanismos ilegítimos para mantenerse".

Y no se privó de criticar el perfil del gabinete elegido por Temer, en el que no hay mujeres ni negros, y en el que la mayoría tienen más de 50 años.

"Es liberal en economía y extremadamente conservador en el área social. Tiene un problema de representatividad", señaló Dilma antes de volar a Porto Alegre para visitar a su hija, Paula Araújo, y a sus dos nietos, Gabriel y Guilherme.

Se espera que en sus viajes por Brasil Dilma sea acompañada en algún momento por su padrino político, Luiz Inacio Lula da Silva, que viajó hasta Brasilia anteayer para brindarle su apoyo al salir del Palacio del Planalto. Pero la mayor parte de la energía del ex presidente, que está muy abatido por la forma en la que terminó la administración de 13 años y medio de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), estará puesta en articular un frente amplio de izquierda de cara a las elecciones municipales de octubre próximo.

"El PT entendió que no puede accionar sólo ni ser el conductor de la lucha contra el gobierno ilegítimo de Temer", reconoció el ex ministro Gilberto Carvalho, uno de los asesores más cercanos a Lula.

"Nos tenemos que defender jurídica y políticamente, y la defensa se hará frente a toda la sociedad brasileña. Donde sea invitada compareceré en forma limpia y transparente"

Críticas al eje bolivariano

El gobierno brasileño rechazó ayer las opiniones de la Unasur, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua en relación a la suspensión de Dilma Rousseff. Itamaraty acusó a los "bolivarianos" de "propagar falsedades" y criticó al secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, que advirtió por la "gobernabilidad democrática".