"Brasil quedó rajado, con aires de tensión en las calles y en las redes sociales, como si fuera la final de un partido de fútbol con dos torcidas violentas. Es necesario dejar atrás este ambiente de conflicto y buscar una agenda integradora que le permita al país retomar el crecimiento, recuperar inversiones, combatir eficientemente la corrupción y mejorar la calidad de los servicios públicos", resaltó a LA NACION el profesor de Ciencias Políticas Ricardo Ismael, de la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro.

Tras la crisis internacional de 2008-2009, Brasil no volvió a crecer al ritmo que lo había hecho durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, cuando la estabilidad económica alcanzada durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso sentó las bases para una gran expansión de la renta, el empleo y la inclusión social a través de subsidios familiares y créditos para el consumo, apoyados en la bonanza de las exportaciones de commodities.

Al asumir el poder en 2011, se esperaba que Dilma Rousseff ajustara el modelo para ir reemplazando el consumo por la inversión como base del crecimiento. No fue así. Los rebotes de la crisis global llevaron a una mayor intervención del Estado en la economía, que comenzó a tener desajustes fiscales y terminó aumentando la desconfianza del empresariado local y extranjero por invertir. El gobierno continuó impulsando el consumo y la presión inflacionaria volvió a asustar a los brasileños.

Como candidata en busca de la reelección, Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), intentó convencer al país que el alza de precios es temporaria, que el estancamiento de la economía se debe al contexto internacional y que lo importante es que el desempleo está en su nivel más bajo (5%) y el salario mínimo (hoy de unos 300 dólares) viene creciendo sostenidamente más allá de la inflación.

Del otro lado, Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), advierte que la situación es insostenible por más tiempo. Que la falta de crecimiento (un 0,3% estimado para este año) terminará por impactar en la gente con un mayor desempleo, como ya está sucediendo con los precios.

Paralelamente al mayor intervencionismo estatal en la economía, en estos 12 años de gobiernos consecutivos del PT aumentó considerablemente el grado de corrupción, aunque éste siempre fue un problema en la administración pública brasileña, como en el resto de América latina.

El tamaño de la maquinaria estatal también creció -hay 39 ministerios- para acomodar a los diversos aliados políticos del oficialismo. Y la mayor empresa estatal, Petrobras, se volvió una apetitosa fuente para el desvío de recursos.

Rousseff asegura que nadie más que su gobierno sancionó tantas leyes anticorrupción, pero los sobornos, sobreprecios y otras irregularidades se volvieron moneda de todos los días, con la tolerancia de su partido.

Para Neves, el nivel y la cantidad de escándalos es intolerable. Propone una limpieza ética en el Estado, donde vuelvan a primar los méritos por sobre los favores políticos.

El hartazgo con la corrupción se hizo sentir en las protestas masivas de junio de 2013, donde millones de personas salieron a las calles en rechazo a los altos costos y desvíos en las obras para el Mundial de fútbol y exigir una mejor calidad en los servicios públicos: educación, salud, transporte, vivienda y saneamiento. El gobierno de Rousseff intentó algunos remiendos temporales a estos temas, pero fueron parches a problemas estructurales que sólo podrían ser superados con una mayor inversión. Y para que el Estado tenga más dinero para invertir más en estos servicios es necesario que la economía crezca y que no se pierda dinero en esquemas corruptos.

"Gane quien gane, habrá una oposición fuerte. Brasil no puede darse el lujo en este momento de mantenerse enfrascado en antagonismos. El próximo presidente, si quiere ganarse una amplia legitimidad, deberá trabajar rápidamente para unir al país y generar los consensos necesarios para hallar soluciones que permitan avanzar a Brasil", apuntó Ismael..