En el libro “Después del derrumbe”, de conversaciones con Néstor Kirchner, publicado en las vísperas de las elecciones de 2003, el sociólogo Torcuato Di Tella afirma que, tras el fracaso de las teorías neoliberales, “será necesario en los países de la región fortalecer los poderes del estado y darle un mayor rol en la planificación de la economía”.

En la misma publicación, como lo recordó recientemente la presidente, Cristina Fernández, Néstor Kirchner se refiere a la necesidad de discutir las consecuencias de la desnacionalización de YPF.

“En 1998, para seguir sosteniendo el déficit fiscal que tenía la Argentina, se vendió, entre otras cosas, más del 51% del paquete accionario a Repsol. A partir de esa venta se perdió la acción de oro (en manos del estado) y las provincias nos vimos obligadas a vender, y YPF se desnacionaliza, perdiendo la Argentina el control estratégico. Ese fue el verdadero problema, la desnacionalización”.

Estos antecedentes importan porque revelan que detrás de la expropiación, criticada por los gurúes de siempre del neoliberalismo como un supuesto acto de desesperación del gobierno argentino, había desde el principio –ya en 2003- una clara y completa concepción del estado como instrumento imprescindible para la reconstrucción del país. En similar dirección se ubican la decidida política impositiva del gobierno de la renovación; o la terminación de Yacyretá; que devolvió a la gente -a través de una enérgica política de estado- parte de lo expoliado durante los 40 años en que el ente binacional fue un nicho para la corrupción privada y el saqueo de los recursos nacionales.

Axel Kicillof, al hablar sobre la expropiación de YPF en el Congreso, volvió sobre este tema; "cuando hay una crisis, lo peor que se puede hacer es pensar que el estado es el problema. El estado es la solución. Cuando hay recesión y crisis económica, el estado se vuelve un actor clave para revitalizar la demanda y la inversión".

La definición del viceministro se queda corta, la presencia de un estado fuerte, - que no es lo mismo que un estado autoritario- que cobre impuestos, asigne recursos y defina prioridades, y no sea únicamente el protector de última instancia de los bienes sociales amenazados por la crisis; es también la condición de realización de todos los derechos, sin excepción. Aún del más individual de ellos, el derecho a la propiedad privada, que no podría pasar de ser un anhelo abstracto a un hecho concreto si no contara con la presencia activa del estado. Mal que les pese a los teóricos del liberalismo a ultranza, enraizados en la tradición anglosajona del “self made man”; y a su empeño en sustentar –contra los datos reiterados del sentido común- la creencia en que el bienestar de los ciudadanos es inversamente proporcional a las intromisiones del estado en los asuntos privados.

Estas teorías no confirmadas por la realidad, que presentan a la esfera privada y a la pública como mundos antagónicos y en guerra permanente, sin ver su mutua interdependencia, ha hecho mucho mal al ser trasplantada a nuestro país, en donde sirvió, entre otras cosas, para hacer posible el derrumbe a que alude el libro de conversaciones entre Kirchner y Di Tella, y cuyas consecuencias todos conocemos y sufrimos; privada y socialmente.

La vida real de los derechos

En un novedoso y revelador libro de reciente aparición, “El costo de los derechos”, los reconocidos especialistas en Derecho Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, profesores de las universidades de Harvard, Chicago y New York, explican por qué “la libertad depende de los impuestos” e indagan con agudeza en las condiciones para el cumplimiento efectivo de los derechos garantizados por la Constitución.

“Las libertades privadas tienen costos públicos, y esto vale tanto para el derecho a la seguridad social o a la asistencia médica como para la propiedad privada o la libertad de expresión. Y si protegerlos y exigirlos goza de amplia y profunda aprobación, al mismo tiempo los ciudadanos parecen olvidar con facilidad que esas facultades dependen de una acción estatal vigorosa”, destacan los autores.

Insisten en que un derecho en abstracto no es tal si no tiene detrás una estructura tendiente a garantizar su satisfacción. Sin negar el origen moral del derecho, que en un sentido es anterior al propio estado, Holmes y Sustein dividen entre este derecho potencial de la esfera moral, y el derecho efectivo y exigible; en un contexto social y ante bienes económicos escasos por definición. “Desde la perspectiva de las finanzas públicas, todos los derechos son licencias otorgadas a los individuos para que persigan sus diferentes propósitos aprovechando los bienes colectivos: que a su vez incluye una parte de los bienes privados acumulados bajo la protección de la comunidad”.

Polemizando con la derecha conservadora estadounidense, en especial su vertiente libertaria, Holmes y Sustein señalan que “los derechos de los ciudadanos estadounidenses no son un don divino ni tampoco un fruto de la naturaleza; no se exigen solos, y es imposible protegerlos de manera confiable si el gobierno es insolvente o está incapacitado; no son necesariamente una receta de egoísmo irresponsable; no implican que los individuos puedan obtener su libertad personal sin la cooperación social, y no son reclamos inflexibles”. “Un enfoque más adecuado de los derechos afirma una premisa que desarma por su sencillez, las libertades privadas tienen costos públicos”, subrayan.

Escasez y costos presupuestarios

El libro se afianza en la necesidad de “tomar en serio los costos presupuestarios de todos los derechos” y en el rol del estado y de los impuestos en esta tarea indispensable.

Hablando de derechos exigibles, en el marco de un orden social determinado; a lo largo del trabajo de los dos destacados especialistas –publicado en Argentina por la Editorial Siglo XXI- se desmenuzan una a una las ficciones e inconsistencias de las teorías neoliberales a ultranza; atacando a la vez la proliferación de juicios de individuos contra el estado, y la obsesión ultra liberal contra los impuestos; aunque sin renegar en bloque de la tradición liberal; de arraigo originario en Estados Unidos y en su visión del derecho constitucional.

El libro apronta, en este aspecto, argumentos para quienes desde el pensamiento contemporáneo buscan romper las dicotomías estrictas del pasado, dando lugar a una reconsideración de las relaciones entre el estado y la actividad privada; lo que parece un mandato urgente en las sociedades complejas; como indica el panorama de crisis del neoliberalismo a nivel global.

“Lejos de ser burdamente economicista, el estudio de las condiciones fiscales de la exigibilidad de derechos nos obliga a adoptar una visión amplia del bien público. Impide que ataquemos los problemas en forma secuencial, a medida que nos van llamando la atención, y nos obliga a proponer un paquete de soluciones para una amplia gama de problemas sociales”, observan Holmes y Sustein con relación a al realidad de su país –que debate hoy con renovados argumentos y tensiones su realidad social y económica. Aunque no se lo propongan, sus conceptos son aplicables sin dudas a otras realidades, entre ellas la discusión que impuso en nuestro país la recuperación de YPF; que venía siendo funcional al mercado, para un proyecto nacional en construcción.

“Por encima de todo –siguen Holmes y Sustein- el estudio de las condiciones fiscales de la exigibilidad de derechos, pone de manifiesto la indispensabilidad de las inversiones públicas, realizadas y evaluadas colectivamente”.

Reiteran, finalmente, en un párrafo tomado de las conclusiones del libro, que “en lugar de reflejar un culto ciego a las decisiones del mercado, el estudio del costo de los derechos pretende estimular una política pública meditada. Y es además una suerte de tema colectivista o comunitario, pero hondamente arraigado en la tradición política liberal”.

Enemigos íntimos

Esta aseveración insiste en tomar distancia de las antinomias tradicionales, que suponen a la incidencia activa del estado en la economía y la gestión de los problemas y recursos de la sociedad como una amenaza permanente.

Por esta razón el objetivo reparador presente en la recuperación de YPF, claro en sus fundamentos y objetivos como en el proyecto de país que propone a la sociedad; obtuvo el apoyo mayoritario de la población, pero recibió duros ataques de los grupos del poder concentrado y sus voceros directos e indirectos.

Los medios hegemónicos, se ubicaron de inmediato del lado de los intereses de la empresa española, como lo hizo La Nación en una extensa editorial, en la que sostuvo que la expropiación constituye “una confiscación” de bienes de la petrolera y a la que tituló, con escasa originalidad: “El derecho de propiedad se acercó un paso más hacia su desaparición en nuestro país”.

La obsoleta música sacra de estos medios conservadores, no merecería mayores comentarios si no fuera porque la ideología que sustentan es la misma que, en los 80 y 90, preparó el camino a la orgía de privatizaciones; y de allí al abismo de la crisis terminal de 2001.

La desprotección social y el hundimiento institucional de 2001, entendida esta fecha como la resultante del desguace del Estado que se consumó entre el golpe cívico-militar en 1976 y la debacle del gobierno de la Alianza en diciembre de ese año; tiene sus raíces – quiérase o no- en el grado de penetración alcanzado por las consignas del neoliberalismo en el imaginario social de la época.

Como lo observó el economista Jorge Schwarzer, el traspaso de la mayoría de los activos del Estado a manos privadas sólo fue posible por el consenso social que alcanzó la idea del “Estado mínimo” al que corresponde acotar el radio de acción permanentemente. Una premisa que remite necesariamente al liberalismo norteamericano, y especialmente a la influyente derecha conservadora de ese país, que promueve el no pago de impuestos y quiere ver al gobierno totalmente ausente de las relaciones económicas y sociales.

El debate que surge de la política de recuperación de YPF como herramienta de desarrollo social inclusivo –y que en Misiones plantea el gobierno del Frente Renovador con una fuerte impronta en la obra pública y la recaudación de impuestos- se beneficia -en este sentido- de la discusión sobre los límites del liberalismo; abierta en Estados Unidos y que tarde o temprano se le plantea hoy a cualquier sociedad organizada.

“Es imposible proteger la libertad individual a menos que la sociedad recolecte los recursos y los aplique con inteligencia para evitar y remediar las violaciones a los derechos individuales. Los derechos presuponen un gobierno eficaz porque sólo a través de él una sociedad moderna compleja puede alcanzar el grado de cooperación social necesario para transformar en libertades exigibles las declaraciones que se han formulado –y firmado- en los papeles”, nos recuerdan –más que oportunamente- los autores de “El costo de los derechos”.