Las escuelas privadas presentaron ante la Procuración General de Nación una denuncia luego que el ministro de Educación porteño redujera los subsidios que reciben. Varias aumentaron sus cuotas, y la cuestión parece ser quién pagará el ajuste.
Después de algunas reuniones entre la cámara de escuelas privadas y el Gobierno, donde no se llegó a ningún acuerdo, la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) presentó ante la Procuración General de Nación una denuncia penal contra Bullrich. Lo acusa de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y abuso de autoridad. Además, 16 colegios presentaron amparos judiciales para frenar el ajuste. Entre ellos, el Colegio Hércules de Floresta, el Colegio Lincoln de Belgrano, el Canadá School de Caballito y el Colegio Guadalupe de Palermo. Todos cobran cuotas que van desde los 2.300 hasta los 3.000 pesos.
La presión de la cámara también se trasladó a los aranceles. Algunas escuelas están aplicando subas por encima de lo autorizado por el gobierno porteño, un 26% desglosado en 10,6% en marzo y el 16% restante en julio. Por ejemplo, la técnica ORT subió 25% la cuota de marzo: un arancel de secundario pasó de $1.998 a $2.500. La razón esgrimida informalmente por las autoridades fue la quita del subsidio. Una situación similar atraviesan la escuela Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Belgrano) y la Edmundo De Amicis (Recoleta). Ante esta situación, Fernández recordó que las escuelas no pueden aumentar más de lo establecido porque quedan por fuera de la ley.
Si se mantiene el recorte, pronosticó Fernández, “la suba de la cuota se ubicará en torno a un 40% total”.
Adeepra advirtió que está en riesgo el empleo de 14 mil profesores. La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), María Fernández Benítez, aseguró que no se han registrado despidos pero coincidió en que el recorte de los subsidios –destinados en un ciento por ciento al pago de salarios– afecta “la estabilidad laboral de los docentes porteños”.
Como la Ciudad no tiene Ley de Educación, los aportes a los privados se basan en un decreto nacional de 1991 y otro de 2003 del Ejecutivo porteño. Allí se establece que la asignación debe considerar “las características económicas de la zona y de la población escolar, el tipo de enseñanza impartida”, entre otras cuestiones, como las “directivas que sobre el particular fijen las autoridades superiores”. Un margen amplio de discrecionalidad.
“El Gobierno de la Ciudad no revela el criterio concreto a partir del cual se reparten esos recursos públicos entre las escuelas de gestión privada”, señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “No cumple los criterios establecidos en la Ley de Educación Nacional y en la Constitución de la Ciudad, que establecen claramente que los aportes deben basarse en criterios objetivos de justicia social, tener en cuenta el arancel que se establezca, y deben priorizar a los/as alumnos/as de escuelas de menores recursos”, añade el informe.
Juan Mamberti, miembro de (ACIJ), apunta: “El punto tres dice que algunos institutos podrán solicitar su excepción al ajuste, para lo que deben presentar algunos documentos y la Dirección General podrá evaluar la viabilidad de su solicitud, pero no se detallan los criterios que deberá tener en cuenta para hacer esa evaluación ni el método que se utilizará para decidir”. El vocero de Adeepra, Alfredo Fernández, aseguró a Diario Z que “a pesar de que siempre tuvimos buena relación, ahora el jefe de Gobierno Mauricio Macri no nos quiere ni recibir. El PRO está afectando a su propia base electoral”. Desde la cartera educativa dijeron que no está en carpeta ninguna reunión más con Adeepra y ratificaron el recorte, al que calificaron como la “medida más progresista” de la gestión.
La cuestión parece ser quién pagará el ajuste: si los docentes con su empleo, los padres con el costo de la cuota o si los colegios deberán reducir sus ganancias.
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