Así lo informaron los concejales del bloque del Partido Justicialista que indicaron a través de un comunicado que durante el año pasado el presidente del CD veinticinqueño no dio a conocer doce notas y siete oficios enviados a la comuna y ese cuerpo por diversos Juzgados de La Pampa y Río Negro, los "que nunca ingresaron a las sesiones para su conocimiento y que la mayoría corresponden a denuncias que recibió el intendente David Bravo desde el comienzo de su gestión en el año 2007".

La nota está firmada por Ricardo Poyo, José Alejandro Bustos y María Mercedes Pineda. Los ediles indicaron que "ante la gravedad de los hechos descriptos, hacemos pública esta irregularidad y con esto demostramos lo que hemos manifestado en reiteradas oportunidades sobre el ocultamiento de información tanto por parte del Departamento Ejecutivo como en el Deliberativo de la Municipalidad de 25 de Mayo". Así apuntaron no solo contra el jefe comunal sino también contra Nicanor Romero, presidente el Concejo.

Actualmente el intendente Bravo, que está condenado por abuso de autoridad, tiene al menos siete causas más abiertas en la Justicia pampeana. De acuerdo a la nota de los concejales del PJ, en el ex Juzgado de Instrucción y en lo Correccional Número 2 de General Acha se han tramitado los expedientes 328, 392 y 393 del año 2009; los 97 y 741 del 2010 y el 3 de 2011. Mientras que en la Fiscalía de 25 de Mayo estaba en curso el legajo 1.841 del año 2012.

Las notas que llegaron a la comuna y fueron ocultadas son reiteraciones de otras requisitorias enviadas anteriormente por la Justicia y tienen todas fecha del año pasado. Por ejemplo, la Justicia achense envió dos escritos al municipio por la causa 393 el 16 de abril de 2012 y lo volvió a hacer el 18 de mayo. Ambos eran "reiterativos de dos similares" de fecha 14 de diciembre de 2011 y del 23 de febrero de 2012. Esto lleva a entender que desde el municipio no se están contestando los pedidos que hacen los Juzgados provinciales sobre las causas iniciadas contra el jefe comunal.

Bravo recibió varias denuncias por irregularidades durante su primer mandato entre 2007 y 2011 por parte de los concejales opositores, con quienes mantuvo un fuerte conflicto institucional. Sin embargo, a partir de su reelección la oposición en el Concejo Deliberante se ha mantenido pasiva en ese sentido.

Una de esas causas fue por abuso de autoridad por firmar en 2008 la resolución 340 que permitió la apertura del cabaré El Rancho, donde se registraron casos de trata de personas, pese a que no se encontraba en condiciones de ser habilitado. En marzo de este año, el intendente fue condenado por ese caso por el juez Néstor Ralli a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por 14 meses para ocupar cargos públicos, al hallarlo culpable de ese delito. Sus abogados presentaron un recurso de impugnación, por lo que hasta que la causa no esté firme permanecerá en el cargo.