Los Mossos d'Esquadra han denunciado administrativamente a un vecino de Palafrugell, de 37 años y nacionalidad española, por nueve vertidos ilegales de fibrocemento en zonas boscosas de los municipios de Caldes de Malavella, Llagostera y Forallac. A finales del año pasado, dentro del servicio de prevención de abandono de residuos sólidos, localizaron varios vertidos ilegales de planchas de fibrocemento así como tuberías, bidones, depósitos y sacos con restos de amianto en zonas boscosas. Paralelamente, la Policía Local de Caldes de Malavella también localizó algunos vertidos dentro de su término municipal.

Entre estos restos de desechos también se encontraron varior trajes de protección de un solo uso, discos de radial, guantes, mascarillas, tubos, plásticos, escombros, bombonas de butano, maderas y restos de clavos de fijación de las placas de fibrocemento utilizados para desmontar. Con todos estos elementos los mossos iniciaron una investigación que concluyó a finales del mes de marzo con la interposición de una denuncia a un vecino de Palafrugell que tenía una empresa de limpieza y mantenimiento, y que se anunciaba también como de gestión y retirada de fibrocemento. Los agentes comprobaron que en esta empresa no le constaba ninguna actividad ni proyecto para tratar correctamente la gestión de residuos de fibrocemento.

En vez de ser tratados en una planta gestora autorizada, los vertía de forma incontrolada en el medio natural, en zonas forestales. Para llevar a cabo esta práctica tenía dos operarios sin contrato de trabajo ni alta de la Seguridad Social. Además, los trajes de protección localizados en los vertidos no tenían el nivel de seguridad que marca la normativa. El transporte de este material peligroso a menudo se hacía con furgonetas de alquiler sin ninguna medida de protección, supervisión, ni posterior desinfección.

Según los Mossos, los vertidos incumplen preceptos de la normativa sectorial vigente y por ello se procedió a su denuncia y notificación a la Agencia de Residuos de Cataluña, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y los tres ayuntamientos afectados.