El escrito ingresó a los tribunales federales porteños y también apunta al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y al interventor de la CNRT, Ariel Franetovich.

“Argentina se está transformando en un carísimo basurero ferroviario”, imputaron los radicales en la demanda penal que tramita ante el juzgado en lo criminal y correccional N°10, a cargo de Julián Ercolini, por irregularidades en el Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional y los Tratados y Acuerdos Internacionales con España y Portugal por 200 millones de euros.

En declaraciones a Radio Mitre, Cano responsabilizó al Gobierno por la ausencia de políticas en materia de transporte y advirtió que no pueden hacerse los desentendidos por los accidentes de Once y de Castelar. “La corrupción mata y llevan diez años en el poder sin resolver el problema”, manifestó.

Los radicales sustentan su denuncia en el informe 203/2012 de la Auditoría General de la Nación (AGN), que efectuó la verificación de la gestión y control de los procedimientos de compra de vagones para afectar al servicio de transporte ferroviario, entre 2004 y 2010, y su posterior administración en el ámbito de la Secretaría de Transporte.

Del análisis pormenorizado de la aplicación de los acuerdos internacionales, los denunciantes pudieron constatar graves inconsistencias en informes técnicos, económicos y financieros referidos a las compras de material rodante. “No existen análisis integrales sobre la razonabilidad y los procedimientos seguidos para su ejecución”, señalan los parlamentarios en el escrito presentado la última semana.

Además, la denuncia detalla que más del 40% del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio y con evidente estado de deterioro; que los contratos omitieron la obligatoriedad de actas de entrega y recepción, como recaudo del pago; que los servicios jurídicos permanentes de los distintos ámbitos del Estado no han tenido intervención en la firma de los acuerdos; y que se han abonado conceptos tales como “rehabilitación” y “dirección de obra y asistencia técnica” que no fueron ejecutados a la española Expansión Exterior SA, por € 1.043.641, a pesar de que el 100% de material adquirido se encontraba todavía sin rehabilitar depositado en talleres ferroviarios nacionales.