Los polémicos concursos para la cobertura de 747 cargos jerárquicos de la administración provincial ya fueron sustanciados y en la página web oficial (www.cba.gov.ar) está publicado desde hace 11 días el orden de mérito definitivo, pero ayer se cumplió una semana de retraso en el cronograma oficial en lo que respecta al hecho jurídico más importante de todo el proceso: la adjudicación formal de los puestos.

Desde el Gobierno provincial trascendió que se está elaborando un expediente por cada cargo concursado, y que cada designación se realizará a través de un decreto particular. Pero hasta el momento, ninguno apareció publicado en el Boletín Oficial , y por ende no hubo adjudicaciones de los controvertidos cargos jerárquicos.

Pese a reiterados intentos, ayer no fue posible conocer una explicación oficial sobre la demora en las designaciones. La falta de información alimenta numerosas hipótesis y multiplica la ansiedad de muchos concursantes que aguardan la oficialización de las designaciones para recurrir a la Justicia.

Aunque consideró que la cifra era baja, el gobernador Juan Schiaretti reconoció esta semana que hubo impugnaciones en el 30 por ciento de los resultados de los concursos. No obstante, esos planteos fueron rechazados de manera casi automática, ya que casi no hubo cambios entre el orden de mérito provisorio y el definitivo.

Pese a que los concursos eran “abiertos a todos los ciudadanos”, el 98 por ciento de los 747 puestos de mayor jerarquía de la carrera administrativa provincial quedó para miembros de la planta política designados interinamente por el propio Schiaretti o para personal de carrera representado por el gremio Unión de Personal Superior UPS). Sólo lograron ingresar unas 15 personas ajenas a la administración.

Esta semana, la Unión Cívica Radical, con el diputado Oscar Aguad a la cabeza, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la ley 9.361 de 2007, que es la que establece el nuevo escalafón del empleado público y obliga a llamar a concurso. Además, solicitó al máximo tribunal una medida de no innovar que evite las designaciones en los cargos jerárquicos.

En paralelo, el senador Luis Juez anticipó que demandará penalmente a los funcionarios provinciales que firmen los decretos que adjudiquen los cargos jerárquicos. Entre las muchas hipótesis sobre la demora en las designaciones, aparecen en primer lugar las relacionadas con ambos frentes judiciales promovidos por la oposición.