El debate arrancó luego que la diputada de Lyder, Isolda Calsina, trajera a colación el Día de la Constitución nacional, que se conmemoró el primero de mayo. La legisladora advirtió que las leyes de “democratización de la justicia” que Cristina hizo aprobar en el Congreso agravian a la Carta Magna, se lograron mediante un “asalto a la democracia” y constituyen una violación constitucional que “no se puede tolerar”. Para Calsina, también, esta reforma vulnera un principio esencial del sistema democrático, que es la división de poderes; se hace necesario a los ciudadanos resistirla y a la justicia producir “fallos claros” que “rediman estos ataques”, tachando de inconstitucionales a estas leyes, explicó.

El presidente del bloque radical, Alberto Bernis, reconoció que las leyes pueden ser modificadas “siempre que estas modificaciones signifiquen mayores garantías para el pueblo” y “acompañadas por un gran consenso”, al tiempo que ratificó que para la UCR se trata de normas inconstitucionales.

El reclamo fue refutado desde el oficialismo por Daniel Almirón, quien rechazó los cargos de Calsina. El legislador destacó que es legítimo y parte de las reglas de la democracia que las mayorías obtengan la aprobación de leyes y subrayó que los gobiernos no pueden realizar las reformas que quieren por falta de acompañamiento del Poder Judicial. Según Almirón, debería revisarse también el tiempo de los mandatos pues cuatro años con la posibilidad de una reelección son insuficientes para ejecutar las plataformas electorales: “es imposible porque los otros poderes están agazapados para juntarse circunstancialmente con una minoría con el fin de evitar que el que tiene el compromiso de gobernar pueda cumplir verdaderamente con sus funciones”, aseguró. Si los abogados y los magistrados pueden elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿por qué no pueden hacerlo los representantes del pueblo?, se preguntó.

El radical Pablo Baca recordó que la función de los jueces es proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado o de terceros y resaltó que en la historia de las dictaduras “siempre que alguien se llevó por delante la justicia, los que perdieron los derechos fueron los ciudadanos; es contra el pueblo que tendrá muchas dificultades cuando alguien los prive de sus derechos”, alertó.

El legislador se preguntó luego por la reforma de la justicia es un tema que no se puede tratar en Jujuy y recordó que muchos proyectos fueron presentados pero el oficialismo nunca tuvo disposición a tratarlos.

En tanto, Jorge Noceti (PJ), defendiendo la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por los ciudadanos, preguntó “por qué le tienen miedo a la gente” y aseveró que la Constitución no dice que los representantes de jueces y abogados tengan que ser necesariamente elegidos por sus colegas. Noceti también aseguró que en el sistema actual, los candidatos a miembros del Consejo son hombres que se nominan con el apoyo de partidos políticos, lo cual constituye una práctica normal.

El radical Raúl García Goyena –por su lado- denunció que la nueva instancia creada por la ley demorará en varios años las sentencias que esperan los jubilados y pensionados, resaltando que lejos de mejorar el sistema, la reforma cristinista empeorará la situación. El diputado también cuestionó que solo los partidos inscriptos en 18 distritos puedan llevar en sus listas a los candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura y enfatizó que el único que reúne este requisito es el oficialista Frente para la Victoria.

Durante el debate, el diputado Alejandro Snopek del Frente Primero Jujuy reclamó que la reforma de la justicia a nivel nacional se aplique en Jujuy y sostuvo que desde el año 2007 presentan proyectos que el oficialismo no quiere tratar.