Tras una última sesión del Concejo Deliberante que dejó como balance la aprobación -con modificaciones- del Presupuesto 2015 y la denegación a un solicitud de créditos por 55 millones de pesos para destinarlo al proyecto de Santa Catalina, el oficialismo volvería en el presente año a insistir con la posibilidad de un empréstito, atendiendo a las particularidades de la votación anterior, donde no pudo reunir los tres tercios.

En la suma de voluntades, desde el Frente para la Victoria apuntarían a retener el respaldo de la legisladora del PaNu, Mirta Leiva, y de la edil de ELI, Liliana Gómez, quien -sorpresivamente- ya había dado su aval para la prórroga en la concesión del servicio de transporte urbano.

La situación interna del pejotismo, con la separación del bloque Evita, también es un tema que preocupa al Departamento Ejecutivo Municipal.

Los justicialistas Rolando Morando, Miriam Coronel y Soledad Pérez no terminaron el 2014 de la mejor forma con el presidente del cuerpo capitalino, Ataliva Laprovitta. Justamente, la elección del mismo al frente del órgano legislativo, como la conformación de la Mesa Directiva, dejó en malos términos una relación que venía desgastada desde mediados de año. Allí también se aguardan arduas negociaciones.

Desde la oposición de Encuentro por Corrientes (ECO) la cuestión está más clara.

El concejal de Libres del Sur, Gabriel Romero, dijo en su momento que el proyecto de los créditos "nunca estuvo suficientemente justificado en términos técnicos y de planeamiento" y recordó que un principio estaba alentado por la campaña de un candidato a Gobernador del Frente para la Victoria (en referencia a Camau Espínola) "y sobre la base de un apoyo fenomenal que se sostenía por parte del Gobierno nacional".

"Todo eso fue desdibujándose y nosotros somos representantes de los vecinos de la ciudad que están, en un 100 por ciento, instalados en el viejo emplazamiento de la ciudad y son nuestra principal responsabilidad", recalcó el edil de la oposición en el Concejo Deliberante.

Además aseveró que el Ejecutivo no designó funcionarios del área de Planeamiento u Obras y Servicios Públicos para hacer una justificación técnica de cuál es el paso que se pretendía dar con la obra de infraestructura eléctrica y de cómo se avanza hacia la posibilidad del desarrollo de viviendas.