El Gobierno provincial se vio obligado ayer a salir a aclarar su postura en una semana que todos los días arrojó novedades sobre ingresos y ascensos en la planta de personal, sobre todo porque los favorecidos son actuales funcionarios. De hecho, ayer el Boletín Oficial confirmó tres casos más de personas estrechamente vinculadas al gobernador, Francisco Pérez.

El peronismo es apuntado por estos nombramientos de “última hora” por el radicalismo, que se hará cargo de la administración de la provincia el 9 de diciembre. De hecho, desde las filas comandadas por el gobernador electo, Alfredo Cornejo, se denunció ya antes de las elecciones del 21 de junio la existencia de “decretos reservados” (u ocultos), que iban a aparecer tras la votación asegurándole el trabajo a funcionarios y militantes del PJ.

El subsecretario de Trabajo, Mauricio Guzmán, fue quien ayer ensayó la defensa de las decisiones que involucran al círculo cercano al mandatario.

Dijo que todos esos nombramientos y ascensos son legales, y que los favorecidos cumplen con los requisitos de idoneidad y la vacante disponible que exige la normativa vigente.

Sin entrar en la cuestión de la idoneidad, es cierto que los nombramientos son legales porque todos los decretos tienen fecha previa al 30 de junio, plazo fijado por la ley de Responsabilidad Fiscal para este tipo de movimientos de personal cuando se trata de un año en el que hay cambio de gobierno. 

Si bien los dirigentes políticos tienen derecho a nombrar en cargos políticos (conocidos como fuera de escalafón) a quién crean conveniente, la convención también indica que los funcionarios que llegan con una gestión se van con esa gestión.

Lo cuestionado ahora es que pasan a la planta permanente del Estado o se les otorga un cargo con fuerte incremento salarial por cambio de funciones a poco de irse. Hay una palabra que define esa práctica: nepotismo.

Ayer Guzmán decía que “el Estado no es un organismo inerte, necesita ir cubriendo distintas funciones y eso se hace con los mismos agentes del Estado.

Hay gente que se jubila y uno aspira a que para ordenar la planta, permanezca congelada la mayor cantidad de vacantes posibles, pero legalmente y existiendo la vacante, los funcionarios tienen la atribución legal y la debida legitimidad para designar a los que reemplazan en esa función”.

Es curioso que Guzmán afirme que las vacantes se cubren con agentes del Estado, porque esos agentes ascendidos no son precisamente empleados de clases inferiores que podrían tener la voluntad de ascender.

Luego el subsecretario decía que “el hecho que un agente ocupe transitoriamente una función política o fuera de nivel no es argumento para vedar la posibilidad de acceso a la carrera administrativa”. Claro que estos ingresos y ascensos serían más claros si fueran por concurso, así se podría demostrar la idoneidad del aspirante, se abriría el juego a otros interesados y ganaría el mejor.

“Todas las administraciones produjeron novedades en la planta de personal casi hasta los últimos días antes de irse, siempre en el marco de la ley”, decía ayer Guzmán mientras esgrimía decretos firmados por Julio Cobos con designaciones de 2007. 

“Decenas de decretos del gobernador Cobos, en el IPV que se pasaba a planta a centenares de empleados públicos. Es parte de lo habitual y normal del Estado. El Estado no puede detenerse porque cambia el color político de quien va a administrar. Esta gestión ha hecho hincapié en designar lo mínimo imprescindible. Podrá verse al final de esta gestión con seguridad que ha sido la de menor cantidad de incorporación de agentes públicos”, argumentó.

Luego, más relajado, Guzmán diría que no serán más de 50 los funcionarios que pasarán a planta permanente, menos de los que pasaron con Cobos.