Las carteras más beneficiadas fueron Trabajo, Planificación y las obligaciones a cargo del Tesoro. Por mayores recursos, el superávit financiero aumentaría en $ 1.891,7 millones
La decisión fue oficializada a través del decreto 2052 publicado ayer en el Boletín Oficial, que al mismo tiempo sinceró mayores ingresos públicos por $ 12.010,5 millones, por lo que el resultado financiero –que a noviembre alcanzó los $ 7.936 millones– se incrementaría en $ 1.891,7 millones, según estimó un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).
El nivel de gastos venía creciendo a un ritmo promedio de 34%, por debajo de los ingresos, pero en noviembre esa relación se revirtió, ya que las erogaciones se dispararon 49% producto de la mayor obra pública. Los ingresos, en tanto, aumentaron 45% el mes pasado .
El decreto publicado ayer también establece un refuerzo de $ 27.698 millones en las aplicaciones financieras –mayores préstamos y reducción de pasivos–, que se financiaron mediante un aumento del endeudamiento de $ 13.836 millones y de $ 11.971 millones en otros pasivos. Si se consideran las aplicaciones como gasto, las mayores erogaciones treparían a los casi $ 40.000 millones. Ocurre que son fondos que egresan, y para lo cual la Tesorería debe buscar financiamiento, pero luego son devueltos.
Las carteras que resultaron más beneficiadas con esta nueva ampliación del gasto de
$ 10.128 millones fueron Trabajo, que recibió $ 1.864 millones adicionales; Planificación, con $ 1.584,1 millones y obligaciones a cargo del Tesoro, con $ 5.562 millones. Luego le siguieron Agricultura, que recibió $ 350 millones más; Justicia, $ 290 millones; Desarrollo Social, $ 224,3 millones y Educación, que obtuvo $ 200 millones adicionales. Los que salieron perdiendo fueron los ministerios de Salud, con apenas $ 21,3 millones; la jefatura de ministros, con $ 17,8 millones y el Ministerio Público, que percibió sólo $ 7 millones.
A estas cifras, Trabajo, Planificación y obligaciones a Cargo del Tesoro –jurisdicción 91– deben sumarle los mayores gastos por aplicaciones financieras.
En el primer caso, las partidas incrementales tienen como objetivo el financiamiento del mayor gasto en personal, el pago de $ 500 por única vez para los jubilados y el incremento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. En lo que respecta a la jurisdicción 91, los fondos tienen como destino la atención del Fondo Federal Solidario, transferencias a empresas públicas y el pago de compensaciones a productores de petróleo.
En tanto, la cartera que preside Julio de Vido requiere de los recursos para el pago de subsidios, gastos en inversión ferroviaria, compra de combustibles, transferencias a Cammesa (para la importación de energía), la implementación y puesta en marcha del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube), financiamiento de obras de líneas de alta tensión y refuerzos para la Dirección Nacional de Vialidad.

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