Una causa que empezó como un hecho policial más, se transformó en pocos días en una peligrosa amenaza para el poder. El secuestro de Roberto Sosa en el mes de mayo, ex secretario de Néstor Kirchner, derivó en una causa que tendría que ser radicada en el fuero Federal por tratarse de un secuestro. Se calificó de “Tentativa de robo” y quedó en manos de la justicia provincial. Esto, encubre y protege otra verdad: el dinero escondido que buscaban los secuestradores, lo tiene Sosa y pertenece a la familia Kirchner, según ellos. Retienen una causa en el fuero local, porque en el Federal investigarían bolsos de Néstor y Cristina en manos de Roberto Sosa.
El hecho no es nuevo. OPI lo informó el 9 de mayo de este año bajo el título “Asesor y Secretario de Néstor y Cristina, secuestrado por sujetos vinculados al Vicegobernador Pablo González”, informe que al día siguiente ampliáramos con otra nota titulada “Los secuestradores del ex Secretario de Néstor Kirchner, no tienen quién los defienda”.
En ambas, OPI contó lo que ahora sabemos con absoluta certeza, tanto por declaraciones de los propios detenidos, como por las fuentes cercanas a las familias involucradas, al juzgado y a otras del gobierno provincial, de cuyo cruces hemos obtenido datos muy valiosos, que hoy nos permiten, no solo ampliar el conocimiento de los hechos que ya difundimos, sino aportar otros que llevan a la conclusión que en aquel momento arribamos: Roberto Sosa tiene en su poder dinero negro, producto de los “bolsos” que llegaban regularmente a Santa Cruz durante el kirchnerismo y en virtud de ello y el conocimiento que sus secuestradores poseían sobre esa plata, lo secuestraron con intenciones de extorsionarlo y obtener ese dinero.
La causa derivada de aquel secuestro ocurrido en Río Gallegos en el mes de mayo, cayó en el Juzgado Criminal Nº 3 de la Dra Rosana Andrea Suárez, quien mantiene detenidos a los hermanos Diego López Caló y Ricardo Alfredo López Caló por un intento de secuestro extorsivo, como resulta de la denuncia efectuada por Fernanda Chía, esposa de Roberto Sosa, la que diera detalles de la forma en que se llevaron a su marido a punta de pistola desde su casa y por lo cual luego pidieron dinero.
Pero lo expresado por la señora, tienen diferencias notorias con lo declarado por los hermanos López, por cuanto, en indagatoria y de acuerdo a lo que consta en el documento al que OPI accedió, Diego López reconoce que pasaron por la casa de Sosa, en Labaké 172, que él los acompañó sin que le estuvieran apuntando con un arma (como dijo la esposa), señalando en una parte de ese texto que ambos hermanos, estaban necesitados de plata, razón por lo cual lo golpearon y le pedían una “ayuda económica” a Sosa,“…sabíamos que éste (Sosa) manejaba dinero que era de los Kirchner y que manejaba también Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez, que son gente que se ocupan de llevar y traer dinero de los Kirchner de Buenos Aires acá y de El Calafate a Río Gallegos, también”, declaran en una parte los imputados, quienes sostienen que Sosa les ofreció 10 mil pesos y en ese momento lo golpearon para que “entregara más”. Unos minutos después el secuestrado, tras reconocer que en su casa tenía “dólares y Euros” les ofreció sacar 200 mil pesos por día del banco, hecho por el cual fue nuevamente golpeado hasta que Sosa dijo “Bueno vamos, yo se donde está toda (la plata)”. Al salir de la casa los tres, para dirigirse al lugar donde Sosa escondía el dinero, fueron detenidos por la policía.
En sus declaraciones los secuestradores reconocen que Sosa posee propiedades y bienes suntuosos, de los cuales el ex secretario de Néstor es propietario, razón por lo cual los hermanos López le reprochaban a Sosa que cuando éste llegó a la ciudad, la familia de ellos le ayudó y por eso tiene una “deuda moral” que no había pagado; por tal motivo, ahora le pedían que les entregara todos el dinero escondido que poseía en ese lugar, hacia donde, finalmente, no pudieron llegar.
Proteger al valijero
De acuerdo a lo que se desprende del expediente al que tuvimos acceso, a declaraciones de los imputados y a fuentes judiciales que confiaron en OPI, la cercanía política que tienen los hermanos López, con el Vicegobernador Pablo González, hizo que se activaran rápidamente las medidas para salvaguardar a la información que pudiera trascender.
La primera medida que tomaron luego de la detención fue imputarlo por el delito de “Tentativo de robo agravado”, una carátula que a criterio de los abogados consultados, no corresponde porque no se tiene el objeto del robo ni se puede probar que existió. En cambio, está probado y existe confesión de ambas partes, que los hermanos López mantuvieron secuestrado a Sosa.
La esposa (Chía) denunció que su marido fue amenazado con un arma, sacado de su casa, subido a un auto y llevado al domicilio de calle Moyano, donde lo mantuvieron cautivo, lo golpearon y desde donde se comunicó telefónicamente con ella. Esta versión, excepto en la parte donde se alude a la existencia de un arma, fue corroborada por los hermanos López, por lo tanto técnicamente correspondería que la causa se hubiera instruido por “Secuestro extorsivo”.
La orden política fue inmediata y a Sosa se lo desvinculó de un posible secuestro, por cuanto de ser así tendría que haber tomado intervención la justicia federal y fue este punto que, desde el gobierno provincial, se trató de evitar, razón por lo cual la causa cayó en manos de la Jueza Roxana Suárez.
La Fiscal a cargo, en principio, fue la Dra Romina Saúl que rápidamente se apartó quedando todo en manos de abogados adjuntos de la Fiscalía. Como lo mencionamos en nuestra nota del día 10 de mayo, la causa quemaba en las manos de la Fiscal, por cuanto es cuñada del Vicegobernador Pablo González, a quien responden los dos detenidos y son parte de su custodia personal y a quienes, por infidencias del entorno, se sabe que González les “encargaba trabajos que otros no querían hacer”. OPI está tras las declaraciones de un testigo que relataría las acciones que los hermanos López llevaron a cabo por encargo de su referente político.
Las fuentes judiciales aseguran que en esa instancia, se decidió que la causa quede como “Tentativa de robo”, con la intención de resguardar a Sosa de cualquier investigación federal en torno al tema de la ruta del dinero K.
Las fuentes documentales que hemos tenido a la vista, explican claramente que Roberto Néstor Sosa ha tenido un crecimiento patrimonial exponencial y básicamente después de la muerte de Néstor Kirchner en el año 2011. Se apunta a Sosa como inversionista inmobiliario y propietario de al menos 3 edificios nuevos de departamentos en Río Gallegos, gestionados a través de la Inmobiliaria Huecke.
Asimismo posee una casa en la ría local (barrio de la ex presidenta) y quienes lo conocen dicen saber que posee vehículos y en algunos casos por 1,5 millones de pesos. Además cobraría un sueldo de 10 mil pesos de la provincia y las declaraciones de los hermanos López, indican claramente que Sosa posee en su poder dinero que en su momento fue conferido en calidad de guarda, declararon, por parte de Néstor Kirchner.
La detención de los hermanos López y del propio Sosa, cuando salían del domicilio de los primeros en calle Gobernador Moyano 543, eliminó la posibilidad de saber en qué lugar Sosa tenía escondida la plata. Cuando el secuestrado, luego de soportar golpes y amenazas dijo “Bueno vamos, yo se donde está toda…”, salieron para ir a donde se encontraba guardada la plata, la cual, consideran las fuentes, hoy ya desapareció de su lugar natural. Se presume que en próximas declaraciones, los López, podrían dar más precisiones sobre la ubicación del dinero (otros sostienen que no lo harán porque pretenden insistir cuando sean liberados) y de corroborarse algunos datos que hay en la causa, no se descarta que a Sosa lo pongan bajo la lupa de las investigaciones que se llevan a cabo con relación a la ruta del dinero K, en el marco de los atesoramientos de fondos que se investigan, estaría en poder del entorno de la familia Kirchner.


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