Si bien hay diferencias entre una aborto terapéutico que se realiza por problemas en la gestación y el aborto no punible, la situación tomó difusión a partir de que una joven piquense debió recurrir a una acción legal para concretar esta práctica en salud pública.

La letrada local Cecilia Ruffini explicó que su intervención en condiciones normales sería innecesaria, porque hay un protocolo determinado por la ley para llevar a cabo el aborto. Sin embargo, la mujer no fue asesorada acerca de "sus derechos" ni en el Hospital Gobernador Centeno, ni en la defensoría Civil a la cual fue remitida.

Según Ruffini su clienta tenía un diagnóstico confirmado mediante el cual se determinó la condición del feto y por lo tanto, se trataba de un embarazo de riesgo que iba a culminar posiblemente antes de los nueve meses y el bebé no iba permanecer con vida.

La joven, que entonces cursaba la semana 17 de gestación, tenía análisis realizados en salud pública y se le repitió la ecografía en un consultorio privado. Ante esa situación la mujer pidió que se interrumpiera el embarazo. En el Servicio de Ginecología se limitaron a decirle que había que esperar, y fue enviada a la Defensoría Civil donde tampoco apoyaron su pedido de aborto e incluso le dijeron que era "ilegal", que la legislación vigente sólo aplicaba a una violación y que podía ir presa. La ayuda que le ofrecieron fue la asistencia de un psicólogo para los meses de gestación que le quedaban por delante.

El miércoles 19 de junio la mujer recurrió a Ruffini para asesorarse legalmente, dijo la abogada quien agregó que el 24 de ese mes presentaron una carta en la Dirección del hospital y ese mismo día, en horas del mediodía, la paciente fue internada y se le practicó el aborto terapéutico.

Reclamo y respuesta.

La abogada señaló que la joven, cuya identidad no ha sido revelada, era primeriza, pensó en practicarse un aborto luego de conocer el diagnóstico desfavorable y hasta el momento se había realizado los controles habituales para cuidar su embarazo.

Por otra parte, el escrito presentado en el centro de salud tenía como fin pedir una derivación a Santa Rosa, conociendo que los ginecólogos del Centeno se acogieron a la objeción de conciencia el año pasado. Hasta el momento no se había dado a conocer que hay una médica que podía llevar a cabo esta práctica.

El 9 de mayo de 2012 el Servicio de Ginecología del Hospital Centeno recibió un comunicado del Ministerio de Salud de La Pampa con el protocolo para realizar los abortos no punibles. Sólo 20 días después se supo que todo el equipo de profesionales del área de Ginecología, los nueve médicos especialistas, se negaron a practicar la interrupción del embarazo. Esa respuesta generó la réplica desde el gobierno provincial afirmando que los casos serían derivados, pero sin excusas se cumpliría con la ley. Pero durante ese año no se solicitó ningún aborto en esta ciudad.

El ministro de salud, Mario González, fue entrevistado ayer por LA ARENA y aseguró que hay una confusión entre aborto no punible y aborto terapéutico. El último se refiere a una indicación médica que se realiza cuando hay complicaciones con el embarazo. Y explicó que es "algo habitual dentro del sistema".

También señaló que la "cuestión ética" ante estas situaciones es un límite difícil de definir, refiriéndose así a la decisión de los profesionales que pueden abstenerse. El funcionario no dio más precisiones sobre el hecho y tampoco hubo una respuesta oficial desde el hospital.