En forma inédita la discusión acerca del cultivo y consumo de cannabis cobró rango universitario. Se desarrollaron las primeras Jornadas Universitarias sobre políticas de drogas y cannabis en la Universidad Nacional de Quilmes. Así, legisladores, académicos y activistas coincidieron en que el consumo de drogas debe ser “un tema de políticas de salud y no de derecho penal”, para que el Estado pueda emprender una más eficaz lucha contra el narcotráfico sin recortar la "autonomía" de las personas.

“Cada uno de nosotros tiene derecho a poder elegir su plan de vida en la medida que no cause un perjuicio a otro. Y el consumir droga puede producir daños en la salud, pero forma parte de la esfera absolutamente privada”, aseguró el diputado Ricardo Gil Lavedra en la inauguración del evento. Para el diputado radical, “esto no quiere decir que el Estado tenga que permanecer indiferente, puede hacer campañas de prevención y contención, pero nada más, porque el consumo abusivo de drogas es un problema estrictamente de políticas de salud y no de derecho penal”. Gil Lavedra es coautor de un proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal junto a Diana Conti (FPV) y Victoria Donda (FAP), y compartió el panel de apertura con el rector de la casa de altos estudios, Mario Lozano, y el director del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), Luis Osler.

Los panelistas coincidieron en que hay algo indiscutible: el fracaso de la forma de encarar la temática, lo que denominaron el “paradigma de la guerra contra las drogas”. En este sentido, Osler describió los “efectos catastróficos” de la política de “guerra contra los drogas” impulsada desde hace 70 años por los Estados Unidos. Como contracara, el especialista destacó el surgimiento de un nuevo paradigma que enfoca el “fenómeno sociocultural del uso de drogas desde una óptica de salud pública y de reducción de daños, y el tema del narcotráfico desde la lógica de la criminalidad compleja”.

Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Civil Intercambios señaló por su parte que esa guerra produjo “consecuencias involuntarias como el incremento del mercado ilegal, cárceles y juzgados repletos o la mayor vulneración de los sectores más pobres” y destacó el debate “acerca de la necesidad del cambio de paradigma”. A nivel de políticas de Estado, Touzé detalló el caso de Bolivia que “fue capaz de cuestionar la Convención acerca de las drogas al plantear que iba a continuar con la plantación de la coca”, o el caso uruguayo que despenalizó la tenencia de marihuana. La mujer refirió además a la Declaración conjunta de Guatemala, Colombia y México que expresó que era “recomendable revisar la política de drogas”.