Un informe indagó sobre las controversias de estadísticas asociadas a sectores claves de la economía. Los indicadores de inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios.
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad. Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la subponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-. Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del Gobierno, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
El reporte reveló que entre la asunción de Javier Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, “mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados”. El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 “comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)”. El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. “Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA”, remarcó el documento.
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles. “Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI”, sostiene CEPA.
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario–no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte. “En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares”, afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario “en un contexto de fuertes aumentos tarifarios”.
Al mismo tiempo, la estimación también está afectada por las modificaciones en la EPH que mejoraron la captación de ingresos no laborales previamente subregistrados, especialmente en los deciles más bajos. “En conjunto, ambas cuestiones afectan la comparabilidad y la confiabilidad de la incidencia de la pobreza, al combinar una canasta de gastos desactualizada con una medición de ingresos metodológicamente no homogénea”, señala la investigación.
En la publicación de septiembre de 2025 del Estimador de la Actividad Económica (EMAE), se aplicaron ajustes de magnitud inusualmente elevada, “muy superiores a los observados en períodos anteriores, que modificaron la trayectoria del indicador y alcanzaron hasta seis meses hacia atrás”, agrega CEPA.
Según el propio organismo, Intermediación Financiera es casi el único ítem que empujó el EMAE al alza, cuando la mayoría de los informes indicaban que la economía entraba en recesión. Mientras sectores de la economía real como industria y construcción mostraron caídas significativas, el dato global terminó por favorecer el discurso de Milei y Caputo sobre los beneficios del esquema económico que llevan adelante: destrucción de la manufactura y centro en la timba financiera. Para que la medición diera positiva, el Indec modificó siete de los ocho valores previos de la serie desestacionalizada.
“Los últimos datos de la serie desestacionalizada de actividad sufrieron modificaciones significativas, elevando 1 por ciento el dato de Ago-25 entre la flamante publicación y la del mes pasado. De esta manera, la primera estimación del nivel de actividad del tercer trimestre 2025 arroja una expansión del 0,5 por ciento desestacionalizado”, evidenció la consultora Equilibra apenas se conoció el cálculo.
En ese sentido, al igual que otros economistas y analistas, concluyeron que evitaron la “recesión”, al tiempo que se autoregalaron un arrastre estadístico positivo para 2026.
“A ello se suma la incidencia extraordinaria del componente Impuestos netos de subsidios, que fue el principal impulsor del crecimiento interanual de septiembre: este segmento creció 10,5 por ciento interanual, 5,5 puntos por encima de la variación de la actividad, y explicó 1,87 puntos porcentuales de un crecimiento total de 5,0 por ciento. En el período julio–septiembre de 2025, la incidencia de este rubro alcanzó un máximo histórico de 23,1 por ciento, superando en 11,9 puntos porcentuales el promedio 2004–2024, sin que este factor haya sido destacado en el informe oficial”, detalla el CEPA.
El último indicador que sufrió retoques fue la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), ante los reiterados resultados negativos de la balanza turística por el boom de los viajes al exterior y el derrotero del turismo interno que no logra levantar debido a la crisis del poder adquisitivo general y el derrumbe del receptipo por el tipo de cambio desfavorable para esta actividad.
Desde el instituto comunicaron que pretenden preservar los datos del sector conforme a estándares internacionales, pero el trabajo se verá afectado por la interrupción de los servicios asociados al indicador. “A este deterioro se suma una contracción del entramado productivo y del empleo formal del sector: según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde la asunción del actual gobierno se perdieron aproximadamente 450 empresas hoteleras y 7.257 puestos de trabajo registrados”, concluyó el reporte de CEPA.

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