Sin debate, se aprobó por unanimidad una declaración de repudio a la violencia y de respaldo a las "autoridades constituidas mediante elecciones libres y democráticas".
El proyecto había sido presentado por la vecinalista independiente Modesta Stabio, cuyo hijo Jorge es subsecretario de Empleo de Daniel Giacomino, y fue aprobado por todos los bloques, sin debate en el recinto.
Nadie quiso defender la actitud violenta del Suoem, lo cual constituye en cierta forma una novedad, porque el sindicato de los municipales tiene fuertes lazos políticos con el Frente Cívico y Social como consecuencia de la excelente y conveniente relación que cultivan Rubén Daniele y Luis Juez. Además, en la misma sesión de ayer el juecismo, y también el resto de los opositores, recordó con pesar cuando la Legislatura aprobó, el año pasado, con los votos oficialistas, la ley de emergencia previsional con el edificio vallado. Se dijo que aquella vez la Legislatura actuó escondida del pueblo, ignorando que entonces hubo tanta violencia de los gremios estatales como la hay ahora en el Suoem. Por ejemplo, el uso de los morteros como lanzamisiles por parte de los municipales ya había sido practicado por los empleados provinciales contra los policías que defendían a la Legislatura de la horda agresiva y permitían que funcione como poder del Estado democrático.
Los juecistas sorprendieron todavía más al manifestar su "apoyo" a Daniel Giacomino, el intendente demonizado y amenazado por Daniele, y burlado por Juez. Giacomino, y no otro, representa en este conflicto a las "autoridades constituidas mediante elecciones libres y democráticas" que menciona la declaración. ¿O será que no leyeron el texto con atención?
La emergencia previsional
Sí discutieron ayer los legisladores, y por un largo rato, el proyecto de derogación de la ley de emergencia previsional, que fue impulsado por los sindicatos estatales mediante el muy poco utilizado mecanismo de iniciativa popular (la única vez había sido en 1992 y fructificó en la primera ley demagógica de cupo femenino, en 1993). El proyecto fue rechazado por Unión por Córdoba y sus tres aliados incondicionales (los bloques unipersonales Recrear, Movimiento de Acción Vecinal y Movimiento Patriótico).
En cambio, fueron aprobados un proyecto de resolución (oficialista) y otro de declaración (del vecinalista federal José Maiocco) para establecer, en primer lugar, que todo proyecto de ley que trate asuntos laborales o previsionales vinculados con el personal estatal sea girado a determinadas comisiones, y en segundo lugar, el compromiso de la Legislatura de dedicarse al estudio de los puntos pedidos por los gremialistas, que no son otros que la médula de la emergencia. Los dos proyectos sancionados parecen las aspirinas que necesitaban los sindicalistas, porque ningún papeleo es estrictamente necesario para adoptar esas obligaciones. Como sea, tan conformes quedaron los jefes sindicales que no fueron al recinto a protestar por el rechazo a su iniciativa. La ausencia de los caciques, que sí estuvieron en una
reunión matutina con los legisladores de todos los bloques (entre otros, José Pihen, Juan Leyría y Rubén Daniele), resultó una desmentida a priori de las quejas de los legisladores de la oposición sobre un presunto clamor por la derogación de la emergencia.
Desde Dante Rossi (UCR) en adelante todos los legisladores de los bloques de la oposición subrayaron que se presentaron 47.828 firmas para pedir el tratamiento en el recinto del proyecto derogador. Lo repitieron, entre otros, Roberto Birri (FCyS) y la kirchnerista Silvia Rivero (Concertación Plural). Rivero destacó que "no es un proyecto de ley de un legislador ni de un partido político, es un proyecto plural de un grupo de ciudadanos". Todos ellos parecen sufrir algún síndrome de culpa por ocupar una banca, porque olvidan que cada uno representa a mucho más que 47.828 ciudadanos (número que, dicho sea de paso, apenas alcanza para ganar un escaño). La iniciativa popular es un mecanismo que obliga a tratar un proyecto en el recinto, pero no a aprobarlo. De otro modo, ¿qué sucedería si luego aparecen 47.829 firmas que pidan que se reinstale la emergencia? (total pueden aparatearse tanto unas como otras).
La iniciativa popular de los gremios estatales cumplió el efecto de obligar al oficialismo a reconocer que la economía provincial sigue con las luces rojas encendidas. Daniel Passerini, el presidente del bloque Unión por Córdoba, admitió que "las condiciones no se han modificado" e incluso enfatizó que "se han agravado". Claro que culpó por ello al gobierno nacional y recordó que los legisladores nacionales del juecismo y del radicalismo compartieron ese punto de vista en sus reuniones con Juan Schiaretti.
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