Por Nazarena Lomagno

A partir de las declaraciones realizadas por Diana Mondino, diputada electa por La Libertad Avanza, sobre la posibilidad de que los vecinos se organicen para la construcción de cloacas, Ámbito consultó con Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) cuánto costaría y qué implicancias tendría realizar esta obra de forma privada en el AMBA.

“Hoy estás pagando un montón de cosas que no recibís. El gobierno decide hacer una obra pública en tal lado, por ejemplo, una cloaca, entonces de Jujuy a Tierra del Fuego entre todos pagan algo que se va a hacer en cierto lugar". Esta primera declaración radial de Diana Mondino dio pie a una propuesta que generó controversia: “Si en vez de pagar impuestos para la obra pública, se junta la gente del barrio y dice 'hagamos tal obra', por ejemplo una cloaca, después se hace. Así se hizo siempre". Frente a la pregunta sobre de dónde saldrían los fondos para realizarla, la economista respondió que provendría de “los impuestos que dejás de pagar por la obra pública” ya que “hoy estás pagando un montón de impuestos”.

¿Es posible que los vecinos se organicen de modo que puedan gestionar la instalación o expansión de red cloacal en los barrios, sin intervención de los organismos públicos pertinentes? Ante la consulta de este medio a AySA, la respuesta fue no. Por varios motivos. En lo económico, plantean que el despliegue de la red cloacal en un barrio pequeño de diez manzanas en el AMBA cuesta entre $500 y $700 millones. El presupuesto, aclaran, se calcula sin contar la red interna de cloacas, para que cada hogar pueda hacer uso de la obra. “Es una obra de larga duración y realmente muy sucia”, explican desde la entidad. La expansión de la red de cloacas, según informa AYSA, podría tardar entre seis y siete meses y necesita alrededor de 20 trabajadores para un rango de 10 manzanas.

Al mismo tiempo, desde la entidad dan cuenta de la complejidad de la obra, que necesita profesionales como ingenieros sanitarios civiles e hidráulicos que tienen que presentar un proyecto de despliegue o construcción, que a su vez debe ser aprobado por la empresa prestadora del servicio, que tiene que demostrar la factibilidad de la obra. La maquinaria e insumos para realizarla son costosos y de alta tecnología: se necesita, entre lo más importante, estaciones elevadoras de agua residuales, planta hidráulica, retroexcavadora y caños, por supuesto.

Según el subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Néstor Álvarez, el rol de una planta depuradora último modelo es importante porque garantiza la factibilidad de la obra, pero además, a través de esta herramienta “se utiliza el líquido cloacal para riego al final del proceso”. Según el especialista, puede costar entre $1000 y $1500 millones. “Es imposible que a través de un consorcio los particulares hagan las obras. En el caso de Santa Elena, Entre Ríos, la obra de cloacas que estamos licitando es equivalente a un presupuesto anual de la propia municipalidad”, resalta Álvarez, a modo de comparación.

A nivel nacional, son variadas las condiciones del suelo argentino, por ende, diversos los procedimientos para desarrollar una red cloacal. En ese sentido, el integrante de Enohsa explica: “La región de AySA (AMBA) es plana, pero no es la misma que Córdoba, Mendoza o Bariloche. Si el barrio está en desnivel, se necesitará una estación elevadora, que se carga al presupuesto. Si la zona es rocosa, se requerirá de un martillo eléctrico”. El AMBA particularmente “tiene la napa muy alta por la presión del río”, por lo cual, para hacer una obra del estilo “hay que deprimir napas poniendo bombas, procedimiento que cuesta un montón”.

De la región del país también depende el nivel de salarios, de transporte, e incluso el presupuesto en medidas de seguridad. Por ejemplo, la zona de Cuyo gasta menos en flete que la zona sureña de Argentina, porque las fábricas de caños de cloacas están en San Luis. Por todo esto, tampoco es posible delinear un presupuesto uniforme en todo el país, y una sola estimación puede variar según los requerimientos. “La propuesta de Mondino es no entender cómo funciona el Estado ni un gobierno federal con 24 provincias”, concluye Álvarez.

Fernanda Miño es secretaria del área de Integración Socio Urbana, del Ministerio de Desarrollo Social. Desde que nació vive en el barrio La Cava, localidad de Beccar. En diálogo con Ámbito, cuenta que históricamente las familias allí “hicieron lo que pudieron” para tener redes de servicios, pero los resultados no fueron satisfactorios. “Tuvimos mangueras de agua pinchadas que atraviesan algún pozo ciego, con la contaminación que eso genera, redes eléctricas sobrecargadas que se incendian generando tragedias y profundos conflictos entre las familias porque algunas se conectan a redes que hicieron otros y sobrecargan”, lamenta la funcionaria.

A su vez, destaca el rol del Estado para procesos de urbanización federal a través de fondos provenientes del aporte de las grandes fortunas y el impuesto PAIS. “Estamos financiando un volumen de obras inédito para integrar más de mil barrios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego”, asegura. “Quienes vivimos en barrios sabemos que necesitamos un estado presente, sensible y eficiente”, concluye Miño.

Las obras de Enohsa contabilizan 1243, de las cuales 135 se iniciarán el próximo mes y medio, 654 están en ejecución, 415 están terminadas y 3 rescindidas. A su vez, AySA mantiene 1696 obras: 1004 son de agua y 692 de cloaca. “Lo que se invierte en cloacas se deja de pagar en salud”, dicen desde el organismo. A su vez, en términos de planificación general, aseguran que es necesaria la asistencia financiera de organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial. “Si necesitamos ayuda de estos organismos, ¿cómo le vamos a pedir a los ciudadanos el dinero para hacerlo?”, ironizan desde la planta.