El proyecto de reforma del Código Procesal Penal que el Gobierno de Alfredo Cornejo quiere aprobar lo antes posible, puede recibir un revés.

Hoy se reúne la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y allí se presentarán dos informes técnicos que cuestionan duramente los cambios que promueve el Ejecutivo. 

Ambos informes, emitidos  respectivamente por el Colegio de Abogados y el Instituto de Altos Estudios de Derecho Procesal Penal (IAE), coinciden además, con la opinión opositora del PJ.

Hay un fuerte cuestionamiento a las nuevas características que tendrá la figura del ayudante de fiscal, si se aprueba el proyecto.

Y si bien el oficialismo tiene los votos para aprobar por su cuenta la norma, las críticas pueden hacerle dar marcha atrás en parte de su idea.

En rigor de verdad, en las posiciones hay muchas coincidencias en torno al proyecto, que busca agilizar los procesos investigativos que suelen llevar adelante los fiscales.

Todos acuerdan que falta “celeridad” y por eso, la oralidad en audiencias, el expediente electrónico y que ese documento no se traslade entre las oficinas, es todo bien visto.

Pero hay un punto de discordia, el artículo 1 del proyecto. Allí el Ejecutivo busca aumentar las funciones de los ayudantes de fiscal, pidiendo “agregar en forma inmediata nuevos decisores” al esquema organizativo de la Procuración de Justicia.

También pretende aumentar el número de decisores, ya que los hoy ayudantes, se agregarían al número de fiscales. Y también, darles funciones “investigativas y del sistema procesal”, lo que de alguna forma equipara a los ayudantes con los propios fiscales.

Aquí un punto clave. Según el PJ, “se los iguala, pero sin pasar por el filtro del Consejo de la Magistratura y del acuerdo del Senado”. Así lo explicó la diputada Claudia Segovia, que señaló que el funcionario que vaya a entender en el proceso penal, “debe tener garantías, independencia funcional e imparcialidad, lo que se logra con esas instancias”.

Sobre esto, la presidenta del bloque del FpV del Senado, Patricia Fadel, marcó que haya informes técnicos que coincidan con su posición. “Pedimos a las autoridades de LAC que buscaran asesoramiento”, dijo. “Sus informes coinciden con nuestros planteos”, celebró.

Uno de esos informes es el que elaboró una veintena de abogados de la Comisión de Derecho Penal del Colegio que los reúne (1a circunscripción).

“Es inconveniente que los ayudantes tengan esas atribuciones” indicó Ramiro Villalba, integrante de esa comisión. “Desde la práctica, la mayoría no tiene experiencia para ejercer tareas de magistrados”, señaló. “Desde lo legal, los designaría el procurador sin pasar por el control del Consejo de la Magistratura”, añadió.

De similar modo opinó Alejandro Waldo Piña, titular del IAE, entidad que también reunió a algunos de sus integrantes, entre los que aparece José Valerio, uno de los prepostulados a la Procuración de Justicia, antes de que Cornejo se decidiera por Alejandro Gullé.

“Se le da mucha amplitud de acción a los ayudantes”, dijo el juez federal. “Medidas investigativas, reunión de pruebas, ya lo vienen haciendo. Pero si se les da la posibilidad de intervenir en audiencias orales, disponer de manera autónoma, defender posturas, nos parece mucho”, agregó.

Las críticas además van sobre la figura del procurador. Ambas entidades no aceptan que sea él quien nombre a los ayudantes y también les dé de baja. “Pregonamos que se respeten los mecanismos constitucionales”, dijo Piña, coincidiendo con Villalba.

En tanto Jorge Albarracín (UCR), titular de LAC en Diputados, dijo que su bloque estudia las críticas. “No se trata de igualar a los ayudantes con los fiscales. Ellos seguirán trabajando para el fiscal”, dijo. “Ése no es el espíritu del proyecto”, agregó, dando a entender que es posible que el texto varíe.

 

También se presentarán propuestas y alternativas

En la reunión de hoy, no sólo habrá críticas. Técnicos y políticos llevarán propuestas al proyecto.

El documento del Colegio de Abogados tiene varias proposiciones para hacerle a la comisión. Algunas están relacionadas con el pedido de sobreseimiento, en donde busca que no sea sólo el fiscal, sino también la defensa la que tenga posibilidades de hacerlo. 

Sobre los ayudantes fiscales, quiere “que sigan cumpliendo las funciones” actuales, y en caso que aumente el número de fiscales, “se lleve a cabo sólo por mecanismos constitucionales y en órganos previstos a tal efecto”. También pide más jueces, “en particular, en la Justicia correccional”.

El IAE en tanto, aporta una serie de ideas para la oralidad que el proyecto busca instalar. Y también pide “constitucionalidad” para elegir a los ayudantes de fiscal.

El PJ quiere crear un cuerpo de fiscales; que el procurador sea quien dé destino territorial a los ayudantes según la demanda en cada lugar.

Y que no se agregue el artículo 87 bis al CPP (que da funciones a los ayudantes) y a cambio se modifique la ley de Ministerio Público (8.008).

 

Xumek hace aportes al nuevo Ministerio Público 

La proposición de que Alejandro Gullé llegue a ser jefe de fiscales vendrá acompañada con una modificación de la ley de Ministerio Público (MP).

Sobre esto, la organización de Derechos Humanos Xumek, que trascendió por cuestionar los procesos de prisión preventiva (lo que de algún modo derivó en la ley 8.869, de Prisiones Preventivas), y que algunos muestran cercana al ministro de la Corte Omar Palermo, hizo propuestas para “el Ministerio Público que se viene”.

Entre varios puntos más, Xumek pide “precisar el cometido del Ministerio Público”, porque “en la Constitución existe un vacío” de sus tareas.

También busca “autonomía e independencia” entre fiscalías y defensorías. Otro punto es que el Ministerio sea “un órgano extrapoder”; que tenga “autarquía”;  recomienda “transparencia y rendición de cuentas” y que haya “control externo de la Bicameral de Seguridad”.

También vuelve sobre la idea de “establecer la Policía Judicial en el MP”. Y propone que los defensores públicos ingresen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.